Los camioneros amenazan con otra huelga si se cambian las normas en el Puerto de Bilbao

El conflicto se cierne de nuevo sobre el Puerto de Bilbao. Sintrabi, el sindicato de transportistas autónomos de Vizcaya, amenaza con "responder con firmeza" a los cambios planteados en el transporte de mercancías que entra o sale del recinto portuario. Sintrabi, que en febrero pasado paralizó durante dos semanas las instalaciones, califica de "agresión" un informe encargado por el Gobierno que califica al sindicato de "cartel camionero" que impide la libre competencia al establecer precios, qué transportistas pueden trabajar y con qué consignatarios.

La huelga del pasado febrero, motivada porque una empresa de transportes quiso salirse del sistema fijado, se resolvió con la victoria de los planteamientos de Sintrabi, pero supuso la creación de una mesa de negociación para abordar esta problemática. Medio año después, ese foro, denominado Mesa por la Competitividad, ha dado lugar a un informe, elaborado por encargo del Gobierno por el catedrático de Derecho Administrativo José Eugenio Soriano, que descalifica totalmente el actual sistema del transporte de mercancías en el Puerto bilbaíno.

El estudio señala que Sintrabi, que agrupa a casi 2.000 afiliados, se ha convertido en un "cartel camionero perfectamente organizado" cuyo "sueño dorado" es regular la actual situación del número cerrado de plazas para trabajar en el Puerto "al modo de los taxis o de los farmacéutico". Soriano agrega que Sintrabi se conforma como una "organización contraria a la libre competencia" al limitar el número de camiones que pueden acceder al Puerto para llevar carga y retirarla; fijar tarifas con los consignatarios y un reparto que obliga a cada uno de ellos a trabajar con la "comercializadora y transportistas que se le imponga".

Añade que estos límites en el transporte han supuesto un mercado de "venta de plazas", lo que es "rigurosamente ilegal" y con precios que, según fuentes portuarias, oscilan entre 42.000 y 60.000 euros en el caso de los contenedores, la mercancía más apetecida por la comodidad y rapidez de su carga y descarga. El informe propone medidas policiales, judiciales y fiscales para acabar con esta situación.

Asamblea

Sintrabi calificó ayer este informe de "agresión" a su honestidad y amenazó con nuevos conflictos. Sin querer referirse a la huelga de febrero, su secretario técnico, Daniel González, advirtió de que si se aplican las medidas propuestas en el informe responderan "con firmeza".

González anunció que en los próximos días se convocará una asamblea a los afiliados para informarles de la situación y recoger sus opiniones sobre las actuaciones futuras.

El sindicato dijo estar "harto" de soportar las acusaciones de "mafia o cartel" por parte de los responsables del Gobierno, la Diputación de Vizcaya y la Autoridad Portuaria, a los que acusan de ser "incapaces" de solucionar la situación.

Daniel González aseveró que su organización apoya la negociación y dijo que el informe "miente" al indicar que Sintrabi pretende perpetuar el sistema actual.

Este responsable agregó que su planteamiento es que las instituciones "salvaguarden los acuerdos" a los que se pudiera llegar y defendió la regulación existente. "La única diferencia con otros puertos estriba en que el control sobre las cargas está en manos de las grandes empresas de transporte".