El PP trata de retrasar la ley de nombramientos judiciales ante la renovación de 40 puestos

La modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los nombramientos de cargos judiciales se haga por mayoría de tres quintos y no simple como hasta ahora viaja contrarreloj por las Cortes. El Gobierno ha decidido impulsarla para que entre en vigor antes del 1 de enero de 2005. Precisamente antes del 31 de ese mes habrá que cubrir unas 40 vacantes en puestos relevantes de la judicatura. El PP pretende retrasar la entrada en vigor para poder controlar la elección con su mayoría en el Poder Judicial. El PSOE y sus socios confían en impedírselo.

El PP ha presentado una petición para que se amplíe el plazo de presentación de enmiendas al proyecto de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Será la Mesa del Congreso quien decida hoy si se lo concede o no. Estas peticiones son habituales con leyes complicadas. Sin embargo, la reforma que impulsa el PSOE es técnicamente muy sencilla, ya que cambia sólo un par de frases, aunque con un contenido político enorme.

El hecho de que las decisiones se tomaran por tres quintos de los 21 magistrados que forman el Consejo del Poder Judicial implicaría que los vocales elegidos a propuesta de los dos grandes partidos, el PP y el PSOE, tendrían que ponerse de acuerdo en todo, pero especialmente en los nombramientos que competen al Poder Judicial (presidentes de sala y magistrados del Supremo y presidentes de los tribunales superiores de todas las comunidades). Ahora, en caso de discrepancia, los vocales elegidos por el PP imponen su mayoría sin problemas. En la Sala Segunda del Tribunal Supremo, encargada de resolver cuestiones que afectan a dirigentes políticos, las últimas cuatro vacantes han sido ocupadas por el candidato de la mayoría conservadora.

Dada la escasa complejidad técnica de la reforma, la petición del PP para ampliar el plazo de enmiendas obedece, según el PSOE, a un intento de retrasar su entrada en vigor. Los socialistas han decidido, según el secretario general de su grupo, Diego López Garrido, conceder la prórroga de una semana porque no trastoca sus planes.

De momento, el PSOE ya ha logrado, con el apoyo en la Mesa tanto de IU como de CiU, que la ley se tramite de urgencia. Además lograrán con su mayoría que la ley pase por el Congreso mediante el mecanismo de lectura única, esto es, sin necesidad de atravesar ninguna comisión. Esta vía se aprobará próximamente en un pleno.

Aprobación en pleno

Los plazos calculados por el PSOE implican que la ley se apruebe en un pleno del Congreso el próximo 25 de noviembre. A partir de ahí entraría en el Senado. Allí el PSOE puede tener más problemas, porque al PP le basta con encontrar el apoyo de un grupo pequeño para bloquear la reforma. En cualquier caso, como se tramita de urgencia, sólo podrá quedarse en el Senado durante 20 días.

Si el PP no logra incluir modificaciones en el Cámara alta, como esperan los socialistas, la ley se podría aprobar inmediatamente. Si no es así, también está calculado que se podría incluir en uno de los últimos plenos antes de Navidad, alrededor del 23 de diciembre. López Garrido afirma que la ley entrará en vigor antes de principios de año, precisamente para que todos esos nombramientos pendientes se hagan con el nuevo sistema y por tanto con la necesidad de consenso entre vocales del PSOE y del PP.

La reforma legal ha encontrado una fuerte oposición entre los sectores conservadores de la magistratura, que son mayoritarios.

Ayer fue el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Jesús Souto, quien rechazó la reforma porque, en su opinión, "no se entiende bien ni en su oportunidad ni en sus fines".

Souto, que precisamente ahora cumple su primer mandato de cinco años y espera renovación, sostuvo en una entrevista con la agencia Efe que es "precipitada" y que, por tanto, "no ha sido muy meditada". "Las personas del mismo signo político que actualmente proponen la reforma estuvieron gobernando muchos años con mayoría y en ningún momento se les ocurrió que los designados tenían poco soporte electivo", señaló.