¿La Constitución europea nos protegerá?

Entiendo que una Constitución tiene la función de dar un marco político, social y organizativo que proteja los derechos y explicite los deberes. Por esto, me pregunto si la firma del Tratado para una Constitución europea por parte de los jefes de Estado de la UE el 29 de octubre en Roma responde a esta inquietud.

Aparte de la arrogancia que supone que firmen el tratado antes de que los pueblos se pronuncien (aquí parece que en febrero tendremos un referéndum para ver qué pensamos), tengo la fuerte sospecha de que el objetivo de este proyecto de Constitución no es protegernos. Porque una Constitución de verdad y útil tendría que fijar unos derechos sociales para todos los ciudadanos europeos.

En el proyecto de Constitución, en el apartado social, todo son grandes declaraciones de intenciones sin compromisos claros; todo lo contrario de lo que pasa en el apartado económico, donde sí que se acotan unos compromisos obligatorios para todos los Estados. No se puede evitar el temor a que con la Constitución Europea se prepare el camino para liquidar la Europa del bienestar y de los derechos sociales. Puesto que en la Carta de Derechos Fundamentales (parte II) se mantienen todos los preceptos que han dado lugar a las privatizaciones y al desmantelamiento de los servicios públicos, que ahora pasan a ser denominados sospechosamente "servicios económicos de interés general" (II.36.0). Y mientras en el campo económico sí, en las políticas sociales no se prevé ninguna armonización entre todos los países europeos (III-101 y 104), al mismo tiempo que se permiten, con total impunidad, las deslocalizaciones de empresas multinacionales (III-104.6).

La verdad es que, como no tengo ninguna gran empresa, no me interesa la Constitución europea que se está gestando. Históricamente hemos visto en Europa un modelo social a imitar, por tanto lo que sí que me interesa es que la Constitución europea dé un marco estable y seguro para que todos los ciudadanos tengamos garantizados unos derechos sociales al alza (servicios públicos de calidad, reducción del tiempo de trabajo, fiscalidad progresiva...) y se establezcan mecanismos para garantizar el cumplimiento en todos los países europeos. No vale la pena una Constitución para perpetuar socialmente la ley del más fuerte.