El Constitucional admite a trámite el recurso de la Generalitat contra la derogación del trasvase del Ebro

El Tribunal Constitucional, al igual que en el caso de Murcia, ha admitido a trámite el recurso de la Generalitat contra la derogación del trasvase del Ebro. El Gobierno valenciano tiene ahora un plazo de 15 días para formular alegaciones. El presidente del Consell, Francisco Camps, expresó su satisfacción por la admisión a trámite del recurso, que, según sus palabras, "se basa fundamentalmente en la defensa de principios como el de solidaridad entre territorios y la defensa de igualdad entre los españoles". Camps aseguró que el Gobierno socialista "no ha dado explicaciones sólidas y razonables" para derogar el trasvase.

El anuncio del Tribunal Constitucional, como hace unas semanas cuando se admitió el recurso de Murcia, vino seguido de declaraciones de responsables del PP en defensa del trasvase del Ebro. Así, el consejero de Infraestructuras, José Ramón García Antón, consideró que "se está empezando a demostrar que la derogación del trasvase del Ebro por parte del Ministerio de Medio Ambiente se ha realizado sin razones de urgencia" y "contra los derechos de los valencianos".

Por otra parte, el consejero de Relaciones Institucionales y Comunicación y portavoz del Consell, Esteban González Pons, se mostró partidario ayer, durante su comparecencia en las Cortes, de incluir "la consagración legal del derecho histórico al agua" en la reforma del Estatuto de Autonomía que se estudia en la actualidad. El consejero anunció sobre este proyecto que el Gobierno valenciano "no escatimará esfuerzos" y que, "si es preciso y posible", impulsará la reforma mediante la remisión al Parlamento de un proyecto de ley. El anuncio provocó el rechazo de los grupos de la oposición, que lo consideraron una "desautorización" de la labor que en la actualidad desarrolla la comisión especial para la reforma del Estatuto constituida en las Cortes.

El anuncio del portavoz respondía a la propuesta del presidente de Castilla-La Mancha de acabar con la gestión centralizada del agua para que sean las comunidades autónomas las que decidan su uso.