La nueva tarifa eléctrica

Súbitamente, todos los habitantes del universo eléctrico están de acuerdo en que es necesario cambiar la estructura de la tarifa eléctrica. No todos lo dicen por las mismas razones. Iberdrola quiere suprimir los CTC (Costes de Transición a la Competencia, esa concesión de Josep Piqué a las eléctricas que están pagando religiosamente los consumidores) para que no impidan la retribución de sus nuevos activos de ciclo combinado; Endesa, porque quiere cobrar de forma acelerada los CTC que le quedan por recibir; el Gobierno, impulsor de un Libro Blanco sobre la energía, porque pretende dejar su impronta sobre los precios... Y así sucesivamente. Es significativo, no obstante, el acuerdo unánime actual, prueba suficiente de que la estructura tarifaria está agotada.

En la nueva retribución, debería premiarse la inversión en distribución, pero condicionado el premio a la calidad del servicio

Cualquier propuesta de tarifa eléctrica debería tener en cuenta, dadas las dificultades actuales para retribuir los diversos negocios eléctricos, con algunas consideraciones iniciales. Una de ellas, por ejemplo, es que los CTC actúan como un recargo en la tarifa, por supuesto, pero también como un limitador del precio del mercado. Como sólo se perciben cuando el precio medio del mercado está por debajo de las seis pesetas por kilovatio, se supone que las compañías que tienen que percibirlos (Endesa, por ejemplo) lógicamente tiran hacia abajo del precio; mientras que las compañías que tienen queretribuir activos más caros (Iberdrola, por ejemplo) presionan para que el precio suba por encima de las seis pesetas. La supresión de los CTC, requerida en beneficio de una formación más transparente y menos intervencionista de los costes, podría disparar el precio en el mercado..., valga lo que valga hoy ese mercado, que es bien poco. Así que la eliminación de los CTC debería ir acompañada por la fijación de un nuevo precio límite, superior en cualquier caso al actual.

El objetivo -bien que a largo plazo- debería ser que no hubiera tarifa; es decir, que cada compañía fijara su precio para el consumidor en un mercado de abundante competencia. Justo lo contrario de lo que sucede hoy. La fijación del precio en el mercado mayorista aparece distorsionada por el poder de mercado de Endesa e Iberdrola. No hay demasiadas fórmulas para aumentar la competencia en la formación de precios con la concentración empresarial. Una de ellas podría ser limitar las cantidades de electricidad que cada empresa puede poner en el mercado y repartir el exceso de kilovatios entre nuevos agentes. Resumen de lo expuesto: comprobado que este mercado no puede funcionar en régimen de libertad, y mientras se consigue fortalecer la competencia, debería corregirse, pues, con un nuevo precio límite que compensara la eliminación de los CTC y una intervención adecuada para conseguir subastas competitivas de electricidad.

Un paso más. Los recientes apagones sugieren que la retribución de las inversiones en distribución (la red de 220 voltios) es insuficiente. Las empresas no invierten en renovar los cables; prefieren aumentar la rentabilidad en sus cuentas de resultados explotando al límite la capacidad de la red. Admitida la conveniencia de mejorar la retribución de las redes de distribución, en la nueva tarifa deberían premiarse las inversiones, pero siempre condicionado el premio a la calidad del servicio. No sería la primera ni la segunda vez que las compañías reciben retribuciones en tarifa que utilizan después discrecionalmente para invertir en operaciones que nada tienen que ver con el servicio eléctrico.

Hasta aquí, las piezas fundamentales de la nueva tarifa: mercado competitivo, eliminación de los CTC, nuevo precio límite y retribución más generosa para la distribución. Queda por tratar un elemento externo en apariencia, pero decisivo: el papel de la Comisión Nacional de la Energía. Este órgano consultivo, vicario del Ministerio de Economía o Industria, de muy escasa calidad técnica y utilizado casi siempre para refrendar las decisiones del Gobierno, debe ser sustituido por un organismo regulador independiente, que tenga capacidad para debatir o fijar las tarifas, con peso político para influir en el Gobierno y, por supuesto, con mucho menos de nueve consejeros, pero con estructura técnica superior. Aunque no esté claro hoy si debe entrar en asuntos de competencia en el mercado, sí es evidente que debe ser el regulador del mercado. Tal como estaba previsto en 1995, antes del PP.