Deber ciudadano contra la brutalidad
Miércoles 6 de octubre, a las 13.30, metro de Madrid, estación de Bilbao. Me dirijo a la salida de la calle de Manuela Malasaña y observo cómo cuatro guardas jurados propinan una paliza e inmovilizan a un joven menor de edad. Mientras le pegan y gritan, me acerco con el ánimo de llamar la atención ante tanta indefensión.
De manera respetuosa les señalo que su trabajo consiste en llamar a la policía si hubiese delito, en ningún caso cometer actos de violencia.
No cuento los insultos y atropellos a los que fui sometido, mientras seguían agrediendo brutalmente al muchacho bajo la acusación supuesta de fumar porros.
En ese momento aparece una joven identificándose como psicóloga con dos policías municipales. Ella había presenciado el incidente previamente.
Conclusión, los guardas jurados llevaban agrediendo al muchacho más de cinco minutos.
Una vez allí, los agentes toman los datos y separan a los agresores.
Me identifiqué y ofrecí mi colaboración ante tanta brutalidad y más tratándose de un menor, en la suposición de que la policía actuaría de oficio.
Por precaución anoté el número de sus placas: agentes municipales N1 91173.0 y 9392.0.
Me comunican que los guardas jurados me demandan por supuestas agresiones. Es evidente que persiguen tapar su delito.
En estas circunstancias, los agentes municipales que presenciaron los hechos se inhiben. No me indicaron que pusiera denuncia, creyendo yo que actuarían de oficio.
¿No están para informar y proteger los valores de la Constitución y los derechos civiles de los ciudadanos?
Por su negligencia, cuatro guardas jurados, cuyo fin debe ser proteger la seguridad de los usuarios y no practicar la violencia de manera gratuita e indiscriminada, se ríen de la justicia al saber que los agentes municipales no actuarán como demanda su código ético y profesional.
Espero que el Defensor del Menor, el Ayuntamiento de Madrid, el concejal de Seguridad, el Consorcio de Transportes, la Policía Municipal y la empresa de seguridad actúen.
El juez lo hará una vez escuche a las partes y dicte sentencia. De no ser así me reservo los derechos legales que me asisten.
Mientras tanto, no renuncio a seguir luchando por el respeto y defensa de las libertades y derechos democráticos.
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