El Gobierno aprueba la cesión de derechos del agua en el Júcar y Segura

El Consejo de Ministros autorizó ayer la creación de los llamados centros de intercambio de derechos del agua en las confederaciones hidrográficas del Júcar, Segura y Guadiana, con el objetivo de incrementar la oferta de recursos, corregir déficits hídricos y mejorar el estado ecológico de los acuíferos. Las confederaciones escogidas para poner en marcha esta iniciativa, que ya preveía la Ley de Aguas con la reforma realizada por el PP, son aquellas que han declarado acuíferos sobreexplotados. A través de estos centros, que crearán y controlarán estos organismos, se realizarán ofertas públicas de compra o cesión de derechos de uso del agua, al precio de las tarifas vigentes en la zona, para posteriormente adjudicar su uso a otros usuarios. Los centros de intercambio de derechos son la antesala a los bancos públicos de agua, una actuación que el Gobierno socialista aprobará con una nueva normativa.

El secretario general para el Territorio y la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, Antonio Serrano, explicó ayer que los concesionarios de derechos de agua, como comunidades de regantes, pueden presentarse a los concursos para ofertas sus recursos por un tiempo específico y un precio que fijará la confederación, en función de las tarifas de la zona. Venderán así sus derechos por un periodo de tiempo. Los derechos cedidos "podrán tener tres usos", según Serrano. Así, las confederaciones pueden optar "por no utilizarlos" y dejarlos, por ejemplo, embalsados o sin extraer si se trata de pozos, con el fin de que se recuperen los acuíferos. También cabe destinar estos recursos para la recarga de acuíferos, y finalmente existe la posibilidad de realizar una oferta pública de venta, a la que "sólo podrán concurrir concesionarios existentes", como regantes que necesiten más agua o de mejor calidad, o poblaciones que precisen mejorar su abastecimiento. La prioridad la tendrán los abastecimientos.

Uso eficiente

El secretario general prevé que de momento las transacciones sean reducidas. "Pensamos que el proceso servirá para que las confederaciones pongan a punto los mecanismos para los futuros bancos del agua", indicó Serrano. La medida aprobada ayer, según el ministerio, contribuirá a una explotación más racional de los recursos hídricos, introducirá nuevas formas de gestión y ayudará a concienciar a los ciudadanos para una mejor utilización de los recursos. En la venta de los derechos que oferten las confederaciones se aplicará el principio de la recuperación de costes para "incentivar el uso eficiente del agua".

En relación con las actuaciones que el ministerio prevé en la Comunidad Valenciana en 2005, Serrano afirmó que la empresa pública Acuamed abordará las medidas urgentes del Gobierno para paliar el déficit hídrico, entre ellas las de desalación -ocho proyectos en Alicante de ampliación o nueva construcción-. Serrano espera que "en 2005 esté en funcionamiento alguna, y en 2006 un número significado".