El Gobierno tarda hasta tres meses en contestar a la oposición

Las interpelaciones y preguntas que la oposición plantea al Gobierno como medio de controlar su actividad tardan hasta tres meses en ser respondidas, aunque con frecuencia ese lapso de tiempo es aún más largo, sobre todo en las que deben responderse en comisión. A título de ejemplo, la última sesión plenaria, celebrada el jueves, llevaba en su orden del día cinco interpelaciones y cuatro preguntas, algunas de ellas presentadas por primera vez en el mes de marzo. Las más recientes fueron registradas por los grupos de la oposición en junio.

Incluso teniendo en cuenta que ha mediado el período vacacional veraniego de agosto y que en septiembre no se ha celebrado ningún pleno salvo el debate de política general, la oposición considera que los plazos son excesivamente dilatados y que la tarea de control del Gobierno se ve obstaculizada y retrasada en el tiempo de un modo exagerado respecto al momento en que se producen los hechos que pretender ser controlados. Ello hace perder toda eficacia a esas actuaciones de los grupos opositores.

Respecto a las preguntas para respuesta oral en comisión, en este momento la Cámara tiene retenidas en la comisión de Educación y Cultura, que preside el nacionalista Martin Aranburu, un total de 29 preguntas, dirigidas a las consejeras de ambos departamentos, Anjeles Iztueta y Miren Azkarate, respectivamente que fueron presentadas -la mayoría a la primera de ellas-, en septiembre de 2003. En una ocasión el presidente de la comisión transmitió al autor de las preguntas, el popular Fernando Maura, según señaló éste último, el interés del departamento de Cultura en "hablar con él", pero la consejera nunca fue convocada por Aramburu para responder.

Existe incluso una pregunta, que tiene por destinatario al consejero de Sanidad, Gabriel Inclán, que lleva pendiente de respuesta desde el 6 de noviembre de 2001. Su autor, el popular Carmelo Barrio, se interesaba por saber si Inclán compartía como programa de gobierno la legalización del consumo de drogas por la que se había pronunciado la directora de Drogodependencias del Ejecutivo. Tanto Maura como Barrio han ido ratificando una y otra vez las preguntas para que conserven su vigencia en el período de sesiones siguiente.

Esta situación, que el PSE-EE intentó corregir, de nuevo sin éxito, el pasado jueves, proponiendo la celebración de plenos específicos de control al ejecutivo, provoca también la retirada de muchas de las interpelaciones y preguntas que la oposición presenta, ya que cuando les llega el turno de ser respondidas por el Gobierno en el pleno están o fuera del foco de la actualidad o ya han sido explicadas en otros foros.

Desde el 2 de marzo

De las interpelaciones incluidas en el orden del día del jueves pasado, la más antigua era una del PP relativa a la supuesta "ocultación" por parte del Gobierno de un estudio acerca de la inviabilidad de un sistema propio de pensiones. La interpelación estaba presentada desde el 2 de marzo y no se programó hasta el pleno del 22 de junio. El interpelante, Leopoldo Barreda, pidió entonces que se pospusiera la respuesta, porque consideró que iba a pasar desapercibida en un pleno con un orden del día muy cargado. Este jueves, más de tres meses después, optó por retirarla definitivamente. Han sido en total siete meses los que la interpelación ha dado vueltas por la Cámara, para terminar sin ser sustanciada.

Otro tanto hizo la diputada Enriqueta Benito con su interpelación al lehendakari por unas declaraciones que efectuó el 23 de junio acerca de los derechos históricos vascos. Y lo mismo ocurrió con una pregunta del grupo socialista, también al lehendakari, sobre su ausencia del debate de política autónomica en el Senado. Fue el 3 de junio cuando se celebró la sesión y el 8 cuando el secretario general del PSE, Patxi López, presentó su pregunta, que finalmente retiró el jueves pasado.

El problema radica en la inexistencia en la Cámara vaca de de plenos específicos de control, cuya introdución con frecuencia quincenal volvió a pedir el PSE, y en que el Reglamento establece un límite de dos interpelaciones en cada pleno por grupo. Ello hace que las interpelaciones y las preguntas se programen al final de las sesiones plenarias, por lo que se ven a horas incómodas para todos y poco prácticas a la hora de tener alguna relevancia informativa. En otras comunidades autónomas, la existencia de esas sesiones de control, al igual que existen en el Congreso de los Diputados, facilita la acción de la oposición, grandemente obstaculizada en la Cámara autonómica.

Otra queja de la oposición es que las interpelaciones y preguntas se programen en los plenos por escrupuloso orden cronológico de presentación. Los portavoces de los grupos opositores querrían poder escoger las que más interés revistan a su juicio para la opinión pública de todas las que tengan pendientes en el momento de programarse el pleno.