Alpargateros altivos

Esta vez Imaz no se calzó las botas de monte para acudir al Alderdi Eguna, pero luego demandó alpargatas para expandir la buena nueva y conseguir de ese modo una mayoría absoluta en las próximas elecciones. Lo hizo dos días después de que el lehendakari nos propusiera seguir planeando ad aeternum y de que nos repitiera una de esas frases bienintencionadas con las que arropa su falta de cordura: nadie les puede negar a los vascos y a las vascas el derecho a decidir su futuro. ¿Nadie? Los vascos y las vascas llevamos tiempo tomando decisiones sobre nuestro futuro con alguna frecuencia. A lo que no tenemos derecho es a modificar nuestro marco político por la brava. A eso no tenemos derecho, y es eso, y no la formulación genérica con que lo encubre, lo que nos está proponiendo el lehendakari.

Pero supongamos que sí lo tenemos, hagamos esa concesión. Tendríamos que definir de inmediato el sujeto político depositario de ese derecho, sujeto político en cuyo nombre se reclama. Y ese sujeto político no sería otro que el pueblo vasco o Euskal Herria, como bien nos recuerda el preámbulo de la propuesta del lehendakari, sujeto político que luego es arrumbado en su articulado para limitarse a una parte del mismo. El pueblo vasco que tendría derecho a decidir su futuro, en nombre de una diferencia de la índole que sea que lo constituye como nación, no se limita a los tres territorios de la Comunidad Autónoma Vasca, y no hay motivo para que haya de restringirse a éstos el uso de ese derecho y no hacerlo extensivo a los demás territorios. Si los vascos de la CAV vamos a hacer uso de un derecho no reconocido, no veo por qué la propuesta no se hace extensiva a Navarra y a los territorios vasco franceses, que tampoco lo tienen reconocido, aunque serían también depositarios del mismo. Y no veo razón en ello siendo los nacionalistas los que hacen la propuesta, ya que para ellos los actuales límites estatales, e incluso los autonómicos, carecen de fundamento. La verdadera coherencia de la propuesta del lehendakari está en la respuesta que le da Batasuna, que dice sí a su preámbulo pero denuncia la inconsecuencia del resto. La consulta, como ya se planteó en la deriva de Lizarra con el acuerdo de ambas partes contratantes, habría que hacerla en todo el territorio de Euskal Herria, objetivo para el que habría que elaborar el censo pertinente - hagan memoria -, el censo euskalherríaco.

El realismo político condujo a la elaboración del actual híbrido hamlético, que ni es ni deja de ser pero sigue dando la tabarra. Su legitimidad tendría que hallarla no en el pueblo vasco o Euskal Herria - al que no se dirige, puesto que lo hace a los ciudadanos de la CAV -, sino en el derecho constitucional español. Es ahí donde lo busca, y ahí donde no lo halla, por lo que se ve obligado a saltar al preámbulo e invocar a un pueblo vasco al que, de hecho, no está dirigido. Destinado a ciudadanos españoles que disfrutan de un régimen particular, no hay derecho alguno que les permita a éstos establecer unas nuevas reglas de juego no pactadas que se salgan del ámbito jurídico que los constituye precisamente como comunidad política. No hay Comunidad Autónoma Vasca anterior a la Constitución, por mucho que se invoque a los Derechos Históricos, cuyos depositarios serían, en todo caso, los tres territorios que la constituyen, y no la CAV, que sólo los asumiría por conducto de esa misma Constitución, que los reconoce como actualizados en el Estatuto. No veo, pues, escapatoria jurídica ni justificación alguna para un derecho a decidir en nombre de un pueblo vasco que no ha de ser el sujeto de esa decisión. En todo este proceso se recurre a dos supuestas legitimidades que se excluyen mutuamente. Se juega con trampa en una operación cuyo único objetivo es conservar y asegurar el poder.

Pero sigamos siendo generosos y hagamos otra concesión más. Concedamos que los ciudadanos de la CAV - vascos todos - tienen derecho a decidir su futuro. Lo tendrán también si llega al Gobierno un partido que, contando la mayoría suficiente, proponga la decisión de eliminar toda referencia constitucional a los Derechos Históricos y suprimir el Concierto. Escucho ya la reacción ventajista del lehendakari: ¿por qué no? Y le responderé: porque sería una insensatez que pondría en peligro la convivencia en el país. Porque gobernar no significa jugar al por qué sí o al por qué no, sino buscar un equilibrio de intereses que tenga como límite, e impida en todo caso, el conflicto civil. Algo que al señor Ibarretxe le cuesta aprender.