Los populares asumen que las reformas de los Estatutos puedan ser desiguales

El Partido Popular finiquitará este fin de semana en su 15º Congreso su tradicional filosofía autonómica del "café para todos". La comunicación sobre política autonómica, que ha redactado y expondrá el presidente del PP catalán, Josep Piqué, admite que las comunidades puedan tener distinto nivel de autogobierno, sin que esta circunstancia comporte "privilegios" entre los ciudadanos por el mero hecho de residir en uno u otro territorio.

El documento, que será asumido por el partido sin someterlo a votación, apuesta por igualar el techo competencial de todas las comunidades de forma voluntaria. Es decir, cada Gobierno autónomo sería libre para incluir en su respectivo estatuto competencias que posean otras regiones. "Las reformas estatutarias no tienen por qué ser iguales en todas partes, pero sí son susceptibles de ser generalizadas a quien las quiera", aseguran fuentes del PP que han colaborado en la redacción del documento.

Este derecho tan sólo tendría dos excepciones. La primera, que ninguna autonomía podría asumir competencias que otras disfrutan por características específicas (lengua, cultura, régimen foral o derecho civil), por ejemplo Cataluña o el País Vasco. Segunda, que la generalización competencial no provoque desigualdades y privilegios entre individuos.

"La asimetría de situaciones no puede comportar asimetría de derechos individuales o colectivos que supongan privilegios de base política. El marco constitucional vigente permite abordar estas situaciones sin menoscabo de la igualdad entre todos los ciudadanos", se señala. El documento añade de forma taxativa: "Nadie es más que nadie por el hecho de pertenecer a una determinada comunidad. Ni menos".

Doble consenso

En el documento, el PP reitera su compromiso con la Constitución y los estatutos y "con la generalización del proceso autonómico", siempre y cuando se utilice la vía de la reforma estatutaria pero nunca mediante el artículo 150.2 de la Constitución. En este sentido, el documento del PP advierte contra el uso abusivo de este artículo que permite transferir a las comunidades competencias reservadas al Estado. Para los populares, ello "desvirtuaría" el título VIII de la Norma Fundamental.

En la comunicación sobre política autonómica se reafirma la premisa del "doble consenso" para aprobar cualquier reforma estatutaria, es decir, el beneplácito de al menos el PP y el PSOE en el correspondiente Parlamento autonómico. De lo contrario, el PP se reserva el derecho de reformar su articulado durante su trámite en las Cortes e, incluso, de vetar su aprobación si la aritmética parlamentaria se lo permite.

Fuentes del PP señalaron que este requisito no se sustenta en el peso que cada partido pueda tener en el Congreso o en el Senado, sino para preservar los estatutos de la "alternativa política".