El PP propone impedir los vetos del grupo mayoritario a las comisiones de investigación

El PP acude hoy a la reunión del grupo de trabajo que estudia las medidas de impulso democrático con una condición "irrenunciable", según dijo ayer su presidente regional, Javier Arenas. Esta condición pasa por que la reforma del Reglamento del Parlamento andaluz contemple un cambio sustancial en la regulación de las comisiones de investigación para facilitar su constitución. Los populares proponen también restringir el papel del grupo mayoritario en la Cámara, en este caso el PSOE, en las sesiones de control al Gobierno y en las comisiones. Arenas abogó por aumentar el número de plenos.

Arenas convocó ayer una rueda de prensa junto al secretario general del PP, Juan Ignacio Zoido, y al portavoz parlamentario, Antonio Sanz, para dar detalle de las propuestas que su partido va a trasladar a los demás grupos sobre la reforma del Reglamento de la Cámara autonómica. Según Arenas, que no es diputado autonómico, el objetivo es dar "más transparencia y agilidad a la vida política" y acercar el Parlamento "a los ciudadanos". Las principales propuestas del PP son las siguientes:

- Comisiones de investigación. En la actualidad es el pleno del Parlamento el que decide la creación de las comisiones de investigación. Históricamente, la oposición se queja de que la mayoría que apoya al Gobierno no da margen para investigar ningún asunto, mientras que el Ejecutivo entiende que la oposición pide investigar cuestiones que no tienen calado. El PP propone que la reforma prevea que cuando tres grupos parlamentarios pidan una comisión de investigación ésta quede automáticamente constituida. En segundo lugar, que cuando dos grupos o el 35% de los diputados autonómicos (38 de un total 109) pidan una comisión ésta se constituya si en el plazo de siete días no hay ningún grupo que se oponga. Si se opone, el PP propone que resuelva la presidencia del Parlamento. Por último, los populares plantean que si sólo un grupo pide la comisión, o el 10% de los diputados, sea el pleno el que decida si se crea o no la comisión de investigación. Arenas consideró ayer "irrenunciable" esta propuesta.

- Control del gobierno. El PP plantea incluir interpelaciones de urgencia y la posibilidad de formular preguntas de "máxima actualidad" al presidente de la Junta de Andalucía en la sesiones de control parlamentarias. Ahora las preguntas al presidente tienen que presentarse el martes de la semana anterior al pleno. Los populares también plantean la posibilidad de hacer preguntas in voce a algún miembro del Gobierno andaluz. La Mesa de la Cámara calificaría la pregunta (la autorizaría o no) en el instante.

- Información y cumplimientos. El PP propone acelerar los plazos para que el Gobierno responda a las solicitudes de información y las preguntas escritas de la oposición y que enero y junio sean hábiles para el cumplimiento de estas iniciativas. También sugier que se introduzcan fórmulas que garanticen el cumplimiento de las iniciativas aprobadas en el Parlamento.

- Debates y comparecencias. El PP propone que cuando un consejero comparezca en la Cámara a petición de un grupo, que sea éste el que hable primero. También que en el debate de investidura o en los debates generales la intervención de los grupos sea de mayor a menor y que el Gobierno responda de forma individualizada.

- Límites al grupo mayoritario. El PP propone fijar cupos de iniciativas en las comisiones de manera que el grupo mayoritario, en este caso el PSOE, no pueda superar el 25% del total de las presentadas. También plantea que el grupo mayoritario no tenga más del 25% de las preguntas orales en pleno.

- Empresas públicas. Los populares plantean que se cree una comisión de seguimiento y control de las empresas públicas, similar a la que ahora funciona con la RTVA.

- Comisiones parlamentarias. Propone que comparezca el presidente del consejo asesor de RTVE en Andalucía y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

- Oficina de calidad legislativa. Se trataría de una oficina que examinase el cumplimiento de los objetivos marcados por las leyes aprobadas.