La liquidación de Hitemasa queda a expensas de la venta de los terrenos

La liquidación definitiva de Hitemasa, empresa creada en 1997 con apoyo público en la que se recolocaron 440 trabajadores de la antigua Intelhorce, está solamente pendiente de que los empleados alcancen un acuerdo con algunos de los grupos empresariales interesados en la compra de los terrenos. La Junta espera el documento sobre la venta de los activos para aprobar la extinción de los 192 empleos actuales.

Hitemasa no ha corrido mejor suerte que su predecesora. Desde que en 1958 se constituyera General Textil España, las ingentes inversiones públicas y los esfuerzos de miles de trabajadores -la fábrica llegó a tener más de 2.000 empleados en nómina- nunca consiguieron hacer rentable la planta.

En sus siete años de trayectoria, Hitemasa acudió a dos ampliaciones de capital, vendió 120.000 metros cuadrados de suelo ocioso, y aplicó sendos planes de prejubilaciones y reducción de empleo. Todo ha sido en vano. En abril, la dirección de la empresa ya anunció el cierre definitivo y la venta de los activos industriales para financiar el despido de los trabajadores.

El mes pasado, la sociedad presentó un plan de extinción de los 192 empleos que quedan en la fábrica textil, cuyo único futuro es el cierre, según ha reconocido el delegado provincial de la Consejería de Empleo, Juan Carlos Lomeña.

La Junta tramita el expediente que, según Lomeña, está únicamente a expensas de que la dirección y los trabajadores entreguen el documento definitivo sobre las condiciones del cese de actividad y la liquidación de los activos industriales. De los 192 empleados, 114 tienen más de 50 años, por lo que podrían acogerse a un programa de prejubilaciones. Entre los trabajadores, que son propietarios mayoritarios de la fábrica, han surgido discrepancias sobre la constitución de la comisión liquidadora que debe negociar el saldo de la deuda con los acreedores y fijar las indemnizaciones a los empleados y el procedimiento a seguir.

En los últimos meses, Hitemasa ha mantenido contactos con al menos cinco grupos empresariales para la venta de los terrenos fabriles, que ocupan 130.000 metros cuadrados de suelo calificado de industrial. Con uno de estos grupos, se llegó a alcanzar un principio de acuerdo para la venta por 48 millones de euros, aunque en los últimos días han aparecido nuevas ofertas, según han admitido fuentes sindicales.

La revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Málaga podría cambiar el uso de este suelo para ser residencial y comercial. La fábrica, junto a la ya cerrada de amoníaco, está dentro del llamado triángulo productivo diseñado en el actual PGOU de la ciudad. El arquitecto redactor del plan, Damián Quero, ya ha planteado en un documento previo la conveniencia de liberar la zona de su exclusividad como suelo terciario y de permitir el uso residencial y de servicios.

Hilados y Tejidos Malagueños se constituyó en 1997 con un capital social de 1.200 millones de pesetas suscrito por un grupo de 440 trabajadores de la antigua Intelhorce (51%), el Instituto de Fomento de Andalucía (47%), que más tarde vendió su parte a aquellos, y la empresa municipal Promálaga (2%).

La empresa obtuvo los activos industriales de la extinta Intelhorce, una vez que ésta fue liquidada por el Estado tras dos procesos de privatización fracasados. En el último de ellos, en 1989, fue adjudicada al empresario italiano Giovanni Orefici y desencadenó en el procedimiento judicial más vasto instruido en la Audiencia Provincial de Málaga por la descapitalización y saqueo que los adjudicatarios hicieron de la fábrica, que recibieron completamente saneada, en apenas dos años.

El pasado junio, el Tribunal Supremo ratificó condena a ocho de los 44 procesados en la causa y aun ordenó que se juzgue de nuevo a otros cuatro por presuntos delitos fiscales que la Audiencia Provincial de Málaga consideró sobreseídos en la sentencia de abril de 2001.