El decano de los jueces afirma que la justicia madrileña es "tercermundista"

El decano de los 234 juzgados unipersonales de la capital, José Luis González Armengol, ha pasado ya el ecuador de su mandato, que expira en febrero de 2006. Si bien en los últimos años se han creado más plazas judiciales, modernizado la informática y duplicado el número de juzgados de guardia (ya hay seis), el decano denuncia que las necesidades reales siguen lejos de solucionarse. Ex portavoz de la moderada Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el decano tilda de "tercermundista" la situación de la justicia madrileña -fuertes demoras, 11 sedes judiciales dispersas por la capital...-, y señala que todos sus males vienen de la "falta de infraestructura y medios humanos y materiales". "Hacen falta ya y de forma urgente e imprescindible 31 juzgados más en la capital", sostiene. No le cuadra que Madrid -"que es el principal bastión judicial de España"- aporte mucho más dinero en tasas judiciales al Estado que cualquier otra comunidad (un 35% del total) y que, sin embargo, ello no se traduzca en inversiones proporcionales a esa recaudación. "Invertir en justicia es dinamizar la economía y mejorar la seguridad", subraya.

La reforma de la ley del divorcio "reducirá costes y abreviará trámites a los usuarios"

González Armegol, satisfecho de la evolución al alza de los juicios rápidos, apunta, sin embargo, un hecho perverso derivado de la falta de medios: "Las vistas rápidas están favoreciendo el rápido enjuiciamiento de las causas pequeñas (alcoholemias y robos en grandes almacenes, por ejemplo), pero retrasando la tramitación de las causas más complejas que llegan a los Juzgados de la Plaza de Castilla", advierte.

Pregunta. La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil obliga a los jueces a señalar la audiencia previa (vistilla anterior al juicio) a los 20 días de interposición de la demanda. Sin embargo, raro es el juzgado que no la fija al año de la demanda.

Respuesta. Es imposible cumplir los plazos legales debido a la carga de trabajo que soportan los juzgados civiles de Madrid, que absorben, nada más y nada menos, que el 25% de la carga total de trabajo en materia civil de toda España. Últimamente, además, y de un año para otro, se han producido incrementos en la carga de trabajo de estos juzgados del orden del 20% anual, incluyendo las demandas de ejecución de sentencias.

P. Usted despacha las quejas de los usuarios. ¿De qué se quejan?

R. La gran queja es la lentitud. Y los usuarios tienen derecho a exigir que se habiliten las infraestructuras necesarias para que la justicia madrileña deje de ser tercermundista. Resulta insólito que falten jueces y que ahora mismo haya casi 200 esperando un destino.

P. Resulta paradójico que ahora que hay una mayor conciencia social sobre la violencia doméstica, los juzgados de familia (los que tramitan los divorcios) tarden una media de nueve meses en citar a las parejas que no se ponen de acuerdo en las condiciones de la separación.

R. En los últimos años ha habido un aumento espectacular de separaciones. Entiendo positivas las propuestas del Gobierno de acortar y modificar los plazos para estos procedimientos. Pero también son necesarios más juzgados de familia: hay diez, y debería haber seis más. Y no lo digo yo, lo dice la inspección del Consejo del Poder Judicial.

P. Pero no trae nada bueno que una pareja en crisis tenga que esperar nueve meses bajo el mismo techo para que el juez dicte las medidas provisionales.

R. Estamos detectando que, simultáneamente a procesos de separación, se siguen otros paralelos de índole criminal en el seno de la misma pareja. La Ley Integral de Violencia Doméstica es un proyecto importante que pretende atajar la lacra de la violencia familiar. A mi juicio, puede resultar ineficaz que los anunciados juzgados de violencia doméstica aglutinen asuntos en materia de familia y penal a la vez. Es importante mantener separadas ambas jurisdicciones. La junta de jueces de Madrid ha propuesto que se cree un juzgado de guardia exclusivamente dedicado a la violencia doméstica que disponga de un equipo psicosocial. También es necesario implantar de una vez por todas los juicios rápidos en el ámbito civil.

P. El Gobierno pretende que quien quiera separarse pueda hacerlo en dos meses.

R. Es una reforma positiva, que abreviará trámites y costes a los ciudadanos. Aunque, si no se crean más juzgados de familia, la reforma del divorcio resultará un fracaso estrepitoso.

P. ¿Cuántos juzgados más necesita Madrid?

R. De forma urgente, imprescindible, un total de 31 para todas las jurisdicciones.

P. Los juicios rápidos, en su primer año de funcionamiento, no han cumplido las expectativas. El año pasado no se hicieron ni la mitad de los que proyectaron los jueces y ni un tercio de los que previeron los fiscales.

R. Los últimos datos indican que van in crescendo. Los jueces se marcaron 24 juicios rápidos por delito diarios y 16 por faltas, y los fiscales todavía más. Lo cierto es que la media sostenida durante 2003 ha sido de 11 vistas rápidas, la mitad de la previsión que hicimos. Ahora la media ronda los 22 juicios por delito.

P. Muchos compañeros, y usted mismo, culparon a la policía de los pocos juicios rápidos que se hacían.

R. Es incuestionable que el funcionamiento del engranaje de los juicios rápidos es multidisciplinar y que en ellos intervienen policías y jueces. Es cierto que se detectó que, por falta de efectivos policiales, el número de casos que tramitó la policía era claramente insuficiente para las expectativas que nos marcamos.

P. Sin contar los órganos de carácter estatal, en Madrid hay 11 sedes judiciales distintas y dispersas. ¿No es esto un lío?

R. Dentro de lo que será la futura Ciudad Judicial, para 2007 se van a habilitar dos grandes pabellones en Valdevebas que aglutinarán toda la jurisdicción penal y civil. Éste será el inicio de la solución final del grave problema de la dispersión de sedes judiciales.