La Comunidad llevará al Tribunal Constitucional la paralización de la Ley de Calidad de la Educación

El Consejo de Ministros rechazó ayer el requerimiento de incompetencia presentado por la Comunidad de Madrid a causa del real decreto por el que el Gobierno central (PSOE) paralizó durante dos años la aplicación de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE). Ahora, el Ejecutivo autónomo (PP) presentará este mismo conflicto de competencias ante Tribunal Constitucional.

El Consejo de Ministros considera que el Gobierno del Estado tiene la competencia exclusiva en "regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución", lo que incluye la regulación del calendario de aplicación de la LOCE. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, argumentó que esta medida pretende "impulsar una nueva reforma educativa que goce del máximo consenso posible", aseguró.

Sin embargo, el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Luis Peral, aseguró ayer que planteará el conflicto ante el Tribunal Constitucional antes de que termine el mes. Considera que se ha producido "una desviación de poder" al paralizar en la práctica mediante un real decreto la aplicación de una ley orgánica. Esta iniciativa "nos ha obligado a aplicar una normativa ya derogada", con lo que se ha creado un contexto de "inseguridad jurídica", aseguró. "El requerimiento ante el Consejo de Ministros era el paso previo", obligado, para realizar esta otra acción judicial, explicó Luis Peral.

Tanto el Gobierno central socialista como el Ejecutivo regional, del PP, respaldan su postura apoyándose en diferentes sentencias anteriores del Tribunal Constitucional. Sin embargo, el Tribunal Supremo respaldó el pasado mes de julio la decisión del equipo de Rodríguez Zapatero. La paralización de la LOCE "no puede objetarse ni en cuanto a su constitucionalidad ni en cuanto a su legalidad", respondió el tribunal a las acusaciones de "ilegalidad" y de "ir en contra del interés general" lanzadas por varios Gobiernos autónomos del PP, entre ellos, el de la Comunidad de Madrid.

"Resulta sorprendente que el Gobierno de Esperanza Aguirre [presidenta regional] quiera continuar con una batalla judicial que perdió estrepitosamente en el mes de julio", declaró ayer Adolfo Navarro, diputado socialista en la Asamblea madrileña, en referencia a la respuesta del Supremo. "Parece que pretende desviar la atención sobre las necesidades que aún no están cubiertas dentro de la educación madrileña", añadió.