El juez archiva la denuncia contra el ex alcalde socialista de Alcalá

La causa abierta por presunta corrupción contra el ex alcalde socialista de Alcalá de Henares, Florencio Campos, ha sido archivada por el Juzgado de Primera Instancia de Alcalá tras la petición del fiscal y los imputados por no acreditar "debidamente los delitos que han sido objeto de la causa", según el auto. Esta denuncia provocó la creación de una comisión de investigación y su suspensión de militancia en el PSOE en 1997.

Florencio Campos, ex alcalde socialista de Alcalá de Henares entre 1987 y 1995, fue denunciado en 1998 por la agrupación local de IU, que se presentó como acusación particular, acusado de haber cometido presuntamente durante su mandato varios delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude en la contratación pública y cohecho.

En concreto, Campos fue acusado de haber dividido un proyecto urbanístico -el llamado Plan de Distritos- en varios proyectos parciales, evitando así que las obras tuvieran que ser adjudicadas mediante concurso público (lo que establece la ley) y posibilitando la adjudicación directa de las obras de urbanización a la constructora Ferrovial por valor de 1,8 millones de euros, entonces un precio muy superior al habitual para realizar este tipo de obras. También se le acusó de introducir modificaciones y mejoras en las obras del auditorio municipal sin tener en cuenta los requisitos formales. Además, a Campos se le acusó por el presunto pago de una serie de comisiones ilegales por valor de 134.000 euros a la empresa Ferrer Europa, para que ésta realizara estudios de imagen, escándalo conocido como caso Ferrer.

Todos estos cargos motivaron que el Ayuntamiento abriese una comisión de investigación y que la Federación Socialista Madrileña suspendiera la militancia de Campos en 1997, medida que sigue vigente.

Sobreseimiento

El juzgado de Primera Instancia de Alcalá de Henares emitió el pasado 7 de septiembre un auto por el que, a petición del fiscal y de los imputados -el propio Campos más otros cuatro acusados-, declara el sobreseimiento del caso alegando que "los hechos investigados no son constitutivos de infracción penal".

Como ejemplo, sobre el cargo de prevaricación por la división del Plan de Distritos, el auto considera que "por reprochable que pueda ser desde otro punto de vista", no puede ser delito castigado con la cárcel "no tanto por la carencia de pruebas o falta de claridad de los hechos, como por su atipicidad penal", según el auto.

En este sentido, el auto declara que "no hay, en efecto, prevaricación, porque no puede apreciarse un menosprecio del equipo municipal por el dato de la legalidad o ilegalidad de las operaciones". Sin embargo, el documento sí reconoce que "ha habido, ciertamente, un forzamiento de los trámites ordinarios", lo que, sin embargo, "no puede tacharse de prevaricación sin más", según el auto.

Según Campos, que compareció ayer en una conferencia de prensa respaldado por miembros del grupo municipal socialista y de la actual gestora socialista en Alcalá, "el auto demuestra que mi proceder fue transparente y claro, el juez dice que no hay ningún indicio racional para poder continuar con el caso y no hay ni un solo delito penal".