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Madrid dice que la UE no debe ampliarse sólo con sus fondos

Moratinos pide que los costes se repartan equitativamente

Carlos Yárnoz

Los Gobiernos de los 25 países empiezan a mostrar sus cartas en la dura batalla que les enfrentará estos meses para pactar un nuevo reparto del presupuesto comunitario para el periodo 2007-2013. El ministro español de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, advirtió ayer en Bruselas que España no admitirá que el coste de la ampliación de la UE se financie a costa de los fondos que recibe España.

Moratinos explicó a sus homólogos europeos que ese coste debe repartirse "de forma equitativa" entre todos los países. Moratinos explicó por vez primera ante los demás ministros cuáles son los tres principios en que España basará la negociación sobre ese marco financiero plurianual de la UE que sustituirá al actual (2000-2006): "suficiencia, equidad y gradualismo". En el caso de la "suficiencia", se refería Moratinos a la exigencia de los países más ricos de la UE (Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia, Austria y Holanda) de que el presupuesto de la UE se limite al 1% del producto interior bruto (PIB) de la Unión, y no al 1,24% como ha propuesto la Comisión Europea.

Dentro de ese 1,24% para sufragar los presupuestos de una nueva UE con 25 Estados, Bruselas propone unas importantes ayudas transitorias para las regiones españolas que ya no tendrán derecho a percibir los fondos regionales más elevados (las incluidas en el objetivo 1) porque superarán el 75% de la renta media comunitaria debido a la entrada de regiones del Este menos desarrolladas, es decir, por el llamado "efecto estadístico". Es el caso, al menos, de Asturias, Murcia, Ceuta y Melilla.

Para rebajar el presupuesto al 1%, los países ricos exigen, entre otras cosas, que no exista ese periodo transitorio y que, además, las ayudas estructurales (fondos regionales y Fondo de Cohesión) se concentren en los países del Este. Pero, a la vez, Francia y Alemania ya han pactado que no se reduzca el presupuesto para la política agrícola común (PAC), vital para Francia, el país más beneficiado en ese capítulo (10.400 millones el año pasado). Alemania asegura que, con la propuesta de Bruselas, tendría que aportar otros 14.500 millones al año y lo considera inaceptable. Y Reino Unido exige que no se toque el cheque británico (la devolución anual compensatoria que en 2003 se elevó a 5.200 millones).

Puesto que los demás capítulos (crecimiento y competitividad, políticas exterior e interior y gastos administrativos) se consideran "intocables", los países ricos señalan que sólo puede ahorrarse dinero a costa de la política de cohesión. Moratinos defiende ese principio de "equidad" para que España no soporte el mayor coste de la factura.

País más beneficiado

Hoy, España es el país más beneficiado de la política de cohesión (6.200 millones el año pasado) y, con la propuesta, perderá un 30% por tres vías: las regiones afectadas por el "efecto estadístico", las que saldrán del objetivo 1 de forma natural (como Valencia o Cantabria) por superar el 75% de la renta media y por perder el derecho a acceder al Fondo de Cohesión si España, como se prevé, supera el 90% de la renta media de la UE. "España es consciente de que ha crecido", argumentó Moratinos al explicar que es lógico que se pierdan fondos, "pero los esfuerzos y el coste para pagar la ampliación deben ser equitativos".

Con el tercer principio, el del "gradualismo", se refiere Moratinos a la exigencia español de que haya esos periodos de transición también para el Fondo de Solidaridad (España se lleva hoy el 60% de ese fondo de 16.000 millones de euros), una aspiración no compartida ahora por ningún otro país.

Ayer, el secretario de Estado británico para Asuntos Europeos, Denis McShane, defendió el cheque británico y argumentó que, desde 1994, Londres ha aportado 58.000 millones a las arcas comunitarias y París, sólo 29.000. En otro ataque a Francia, McShane señaló que, en la UE, cada vaca recibe una subvención de dos euros diarios.

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Sobre la firma

Carlos Yárnoz
Llegó a EL PAÍS en 1983 y ha sido jefe de Política, subdirector, corresponsal en Bruselas y París y Defensor del lector entre 2019 y 2023. El periodismo y Europa son sus prioridades. Como es periodista, siempre ha defendido a los lectores.

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