La Junta propone que ser diputado sea incompatible con ejercer de contratista o asesor de empresas públicas

La Junta de Andalucía va a proponer modificar el Reglamento del Parlamento andaluz para endurecer el régimen de incompatibilidades de los diputados para el desempeño de actividades privadas, como contratista o fiador de obras, o asesor de empresas del sector público estatal, autonómico o local. Esta propuesta figura en el documento sobre "medidas relativas al régimen de incompatibilidades y a la transparencia de la actividad pública" entregado el pasado jueves por el presidente de la Junta, Manuel Chaves, al presidente regional del PP, Javier Arenas, para buscar un acuerdo encaminado a la dignificación de la actividad política.

En el documento, la Junta explica que la ampliación de las incompatibilidades de los diputados para el desempeño de otras actividades se realiza "en el sentido establecido en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg)". Así, la propuesta del Gobierno andaluz establece la incompatibilidad de la condición de diputado con el desempeño de "actividades de gestión, defensa, dirección o asesoramiento ante organismos o empresas del sector público estatal, autonómico o local respecto de asuntos que hayan de resolverse por ellos, que afecten directamente a la realización de algún servicio público o que estén encaminados a la obtención de subvenciones o avales públicos".

Igualmente, se declara incompatible "la actividad de contratista o fiador de obras, servicios, suministros y, en general, cualesquiera contratos que se paguen con fondos de organismos o empresas del sector público estatal, autonómico o local, o el desempeño de puestos o cargos que lleven anejas funciones de dirección, representación, asesoramiento o prestación de servicios en compañías o empresas que se dediquen a dichas actividades". Tampoco se admiten tanto "el desempeño de puestos o cargos que lleven anejas funciones de dirección, representación, asesoramiento o prestación de servicios en empresas o sociedades arrendatarias o administradoras de monopolios" como "la prestación de servicios de asesoramiento o de cualquier otra índole, con titularidad individual o compartida, en favor de organismos o empresas del sector público estatal, autonómico o local".

Por último, se declaran incompatibles "la participación superior al 10%, adquirida en todo o en parte con posterioridad a la fecha de su elección como diputado al Parlamento andaluz, salvo que fuere por herencia, en empresas o sociedades que tengan contratos que se paguen con fondos públicos", así como "las funciones de presidente del consejo de administración, consejero, administrador, director general, gerente o cargos equivalentes y la prestación de servicios en entidades de crédito o aseguradoras o en cualesquiera sociedades que tengan un objeto fundamentalmente financiero y hagan apelación públicamente al ahorro y al crédito".

Además, la Junta propone modificar la Ley Electoral para establecer a los diputados la "obligación de comunicar al Registro de Intereses del Parlamento andaluz, una vez abandonado el cargo, y durante dos años, la actividad a realizar". Para los altos cargos, el Gobierno andaluz plantea establecer una tipificación de infracciones y sanciones derivadas del incumplimiento del régimen de incompatibilidades.