La resurrección de las políticas activas de empleo

Con el inicio de agosto, el PP lanzó una nueva salva de críticas contra la Junta, ante lo que el presidente regional de los populares, Javier Arenas, calificó como "lo más grave que ha pasado en Andalucía en los últimos 25 años". Arenas se hacía eco así de las informaciones sobre la decisión de la Consejería de Empleo de suspender, hasta julio de 2005, varias convocatorias de ayudas al empleo mientras se evaluaba su eficacia.

El PP ajustó las críticas a su objetivo, resaltar el cambio de discurso de la Junta desde la llegada del PSOE al Gobierno. "Chaves ha estado durante los ocho años del Gobierno del PP haciendo un enfrentamiento del traspaso de las políticas activas de empleo, y una vez que las tiene, no tienen el menor rubor de suspender por un año todas las convocatorias de ayuda al fomento del empleo", afirmó entonces el secretario regional del PP, Juan Ignacio Zoido.

Pero el PP se pasó de frenada: las convocatorias suspendidas son de ayudas que no estaban incluidas en el traspaso de políticas activas de empleo que se firmó en mayo de 2003. Corresponden al paquete de incentivos autonómicos, que se aprobó en el último acuerdo de concertación ( 2001). El PP tuvo que abandonar esa vía, pero junto al PA e IU, reclamó esta semana en el Parlamento que el consejero de Empleo, Antonio Fernández, explique por qué se ha suspendido la admisión de peticiones de estas ayudas. El PSOE tiró de mayoría absoluta para aplazar a septiembre la comparecencia.

Las ayudas que ahora, tras la decisión de la Junta, no pueden ser solicitadas, son incentivos a las empresas que hagan contratos estables o empleen a colectivos con difícil acceso al mercado laboral. Son, por ejemplo, subvenciones de la Junta de 3.000 o 4.000 euros por contratos a mujeres o jóvenes parados, 3.000 euros por transformar un contrato temporal en fijo, o hasta 6.000 euros por el inicio de actividad de un autónomo. Estas ayudas también se ampliaron a empresas ubicadas en determinadas zonas desfavorecidas (las comarcas mineras o Cádiz).

"La decisión de suspender esas convocatorias fue tomada de forma unánime por los representantes de la Junta, los sindicatos, la CEA y la Federación Andaluza de Municipios en el Servicio Andaluz de Empleo [SAE]", recuerda el consejero de Empleo, quien tilda de "ignorancia malvada", las declaraciones del PP. Fernández insiste en que la suspensión era necesaria. La consultora contratada para la evaluación, el Instituto de Desarrollo Regional, "no sólo va medir la eficacia de los incentivos, sino también como han funcionado la tramitación". Eso no es posible si la estructura administrativa sigue a pleno funcionamiento, afirma el consejero, "y así lo planteó la consultora y lo aceptaron los agentes sociales". Recalca que se suspende la aceptación de nuevas peticiones, no la tramitación de las admitidas.

En estos cuatro años, la Junta ha presupuestado unos 200 millones de euros y ha tramitado unas 100.000 solicitudes. El consejero niega que la suspensión busque impedir un desbarate presupuestario por exceso de peticiones - "cada año hay un límite presupuestario que no se puede sobrepasar"-. Y rechaza que se haya aprovechado para aliviar un atasco en su tramitación. "Deben quedar unas 15.000 pendientes", indica.