Cómo sacar la deuda histórica del atolladero
La deuda histórica simboliza la sucesión de asuntos pendientes entre la Junta y el Gobierno, que no ha parado de engordar en la última década. Sólo la peculiar composición del Parlamento andaluz entre 1994 y 1996, el tiempo de la pinza IU-PP, y el empeño de la federación de izquierdas hizo posible, en 1996, el único pago en aplicación de la disposición adicional segunda del Estatuto andaluz, que concreta cómo saldar esa deuda: pagos anuales, fijados por la comisión mixta Junta-Gobierno, para garantizar "la prestación de un nivel mínimo en servicios efectivamente transferidos" a Andalucía.
Ese pago, presupuestado por el último Ejecutivo de Felipe González (PSOE) y ejecutado por José María Aznar (PP) en su primer año de Gobierno, se quedó en 120 millones de euros, aunque se había cifrado en 306 millones. A partir de 1997, el PSOE andaluz esgrimió la deuda histórica para reclamar al PP pagos similares; una exigencia que llevó a los presupuestos autonómicos, donde ha consignado todos estos años ingresos a cuenta de la deuda histórica que nunca llegaron. Los socialistas evalúan esa cantidad en 1.148 millones de euros entre 1997 y 2003.
Aplazamiento
"La disposición adicional segunda, mientras siga en el Estatuto, es irrenunciable", asegura el secretario de Organización del PSOE regional, Luis Pizarro. Sin embargo, ahora que los socialistas dirigen el Gobierno, se ha matizado el discurso. "No abandonamos la posibilidad de la solución bilateral, pero es más coherente incluir la deuda histórica como hecho diferencial andaluz en la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica", defiende Pizarro. El dirigente socialista afirma que el concepto de deuda histórica recogido en el Estatuto "no se corresponde con la realidad actual". "Sé que suena polémico, pero buena parte de esa deuda histórica se resolvió con las inversiones que hizo el Gobierno de Felipe González en Andalucía", añade.
Para la oposición, la postura del PSOE anticipa que, en el mejor de los casos, la solución a la deuda histórica se aplaza y que la disposición adicional segunda puede caerse del Estatuto durante su reforma. "Llevar la deuda histórica al Consejo de Política Fiscal y Financiera la deja en punto muerto", esgrime Antonio Romero, de IU. La oposición aguarda a los presupuestos autonómicos para comprobar si la Junta vuelve a consignar ingresos a cargo de la deuda histórica, como hacía cuando en Madrid mandaba el PP.
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