Los malagueños con ingresos de hasta 1.225 euros podrán alquilar pisos de protección

Las familias con ingresos de hasta 1.225 euros al mes podrán solicitar el alquiler de una vivienda de protección oficial (VPO) en Málaga. El Ayuntamiento de la ciudad aprobó ayer una nueva normativa que flexibiliza los requisitos económicos para la adjudicación de los inmuebles.

Para ello, se han establecido tres grupos de solicitantes en función de su nivel adquisitivo. Las personas con menos ingresos familiares, en torno al 417 euros y los 736 euros, serán seleccionados directamente después de un proceso de baremación. Los otros dos grupos, deberán tener unos ingresos inferiores al 2,5 del salario mínimo interprofesional, es decir, cerca de 1.225 euros. Estos últimos obtendrán las viviendas por sorteo, después de pasar la fase de puntuación.

El alquiler de una de estas VPO oscila entre los 100 euros mensuales para una casa de 50 metros cuadrados y los 140 euros para una de 70 metros. Si tienen aparcamiento, 30 euros más. En un futuro, existirá la posibilidad de acceder a la propiedad del inmueble después de que hayan transcurridos de 10 a 25 años, según estimaciones iniciales del Ayuntamiento.

La concejal de Vivienda, María Victoria Romero (PP), ha señalado que el cambio persigue el acceso a la vivienda de las familias trabajadoras que "totalmente integradas y sin estar en los niveles más desfavorecidos, no pueden acceder a inmuebles en venta, bien por precariedad de empleo, por cargas familiares o por otros motivos".

Los solicitantes deberán estar censados en la capital malagueña desde hace cinco años, no tener ninguna vivienda en propiedad y acreditar unos ingresos que permitan abonar la renta. Los criterios de baremación tendrán especialmente en cuenta, con una puntuación adicional, a las personas que puedan demostrar que son víctimas de violencia doméstica. También se va a primar a las familias que estén en situación de realojo.

Para obtener una de estas viviendas habrá que pasar todavía por un tercer filtro. El Ayuntamiento ha establecido cupos para el reparto de los hogares. Un 35% de ellos será destinado a jóvenes; el 30%, a familias de hasta tres miembros; el 25%, para las de más de cuatro miembros; un 7%, para personas mayores; y un 3%, para discapacitados que necesiten una vivienda adaptada al uso de sillas de ruedas.

La normativa ya se aplica en un total de 399 inmuebles. 204 de ellas en Virreinas Borodín, 72 en la Colonia de Santa Inés, 66 en la avenida de la Rosaleda, 30 en Capuchinos, 16 en el Bulto y 11 en el barrio de la Victoria.