Mentiras e irresponsabilidad ante la ola de calor

Una de las peores cosas que pueden hacer los políticos es mentir a los ciudadanos. Si con esa mentira, además, esos políticos pretenden obtener réditos electorales, si con esa mentira se ocultan errores graves de gestión que afectan a la salud de los ciudadanos, esos políticos merecen salir de la política por la puerta de atrás.

Pero sobre todo si con esa política no se puede planificar para prevenir las consecuencias de ese hecho. No reconocer un hecho significa no enfrentarlo ni abordarlo, ni planificar ni prevenirlo, porque hasta el mes de marzo, cuando coge las riendas la nueva ministra de Sanidad, el problema de la ola de calor del anterior verano había estado escondido en un cajón.

Pretendieron hacernos creer que fuimos diferentes. Ante las alarmantes noticias que llegaban de Francia, sobre miles de muertes provocadas por el calor, nuestra entonces ministra de Sanidad, Ana Pastor, se limitó a decir que España estaba mejor preparada que Francia para afrontar esas elevadas temperaturas. No se tomaron medidas preventivas ante lo que amenazaba con parecer una crisis de salud pública. Hasta aquí, la irresponsabilidad.

Pero la mentira llegó después: a pesar de que teníamos indicios de que la mortalidad estaba siendo más elevada de lo habitual para esas fechas -indicios corroborados por los trabajadores de hospitales y centros de salud públicos-, la ministra tuvo la osadía de dar unos datos absolutamente falseados a mediados de septiembre.

Y lo hemos sabido ahora: la ministra contaba con los resultados del informe que se solicitó al Instituto de Salud Carlos III, desde el 16 de septiembre de 2003, dos días antes de su comparecencia para dar el número de fallecimientos. En ese informe se recoge que hubo más fallecimientos que los 141 reconocidos por la ministra. Bastantes más: 6.500 exactamente, y sólo en Madrid 733 ancianos fallecieron por la ola de calor. La ministra Pastor, además, tuvo la desfachatez de asegurar que el bajo número de fallecidos, en comparación con los países de nuestro entorno, se debía al buen funcionamiento de los servicios de salud.

La alta mortalidad que se relaciona con la ola de calor del pasado año incluye no sólo las muertes debidas al golpe de calor, sino al empeoramiento de las enfermedades crónicas.

El hecho de haber ocultado los datos tanto tiempo ha impedido tomar medidas de más calado simplemente por falta de tiempo. De hecho, el Gobierno actual ha ido descubriendo la verdad de lo que sucedió en España el pasado verano no gracias al anterior Ejecutivo, sino a que, por fin, ha podido tener acceso a los informes con los que sí contaban tanto la anterior ministra como deberían de contar las instituciones, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón.

Existen todavía algunas lagunas en la investigación del impacto de estos fenómenos en la salud y tampoco existe consenso general para decidir el umbral de alerta. Lo que sí está ya asumido por la ciencia es que los fenómenos térmicos de calor en las ciudades pueden llegar a producir un aumento de la mortalidad de entre un 15% y un 40%. En España, según los datos que nos han proporcionado los estudios, se produjo un aumento de la mortalidad en ese periodo de un 8%.

Está claro que debe ser una prioridad para la salud pública, principalmente en la atención a los mayores. Los servicios sanitarios y sociales necesitan de una gran coordinación para detectar y atender las poblaciones de riesgo.

Nuestro grupo ya denunció en varias comisiones que la cifra que se dio como oficial no era cierta, y que el Ayuntamiento no había tomado medidas para evitar tan alto número de fallecimientos.

Nuestros datos ya nos indicaban que en junio y julio se estaban produciendo más fallecimientos de lo habitual de ancianos que vivían en soledad. El Ayuntamiento, sin duda, tenía constancia de estos datos, y a pesar de ello, y viendo lo que podía pasar en agosto, no se tomaron medidas para evitar el aumento de la mortalidad.

Es más, la ministra mintió a sabiendas, incluso con los datos en la mano, porque llegó a asegurar que no tenía constancia de que hubiera ningún problema en los centros de la Seguridad Social, cuando desde los mismos centros hacía ya tiempo que se estaba advirtiendo del fuerte aumento de muertes relacionadas con el calor y la soledad y se estaba exigiendo tomar medidas al respecto.

Podría aducirse que no existían sistemas de vigilancia específica al comienzo del verano, y que en los protocolos médicos no se recogía la mortalidad por el elevado calor como una prioridad de la salud pública. Pero ello es imperdonable cuando desde junio se comenzó a observar y a informar del aumento del número de fallecimientos. Y más grave aún: Protección Civil avisó a todas las delegaciones del Gobierno el 31 de julio de la ola de calor sin precedentes. ¿Y qué hizo el Ayuntamiento de Madrid, siendo una de las ciudades con más población de riesgo? Los datos confirmaron que 733 madrileños, todos mayores de 65 años, fallecieron en esos meses debido a la ola de calor. Nuestros responsables, con el señor Ruiz-Gallardón a la cabeza, miraron hacia otro lado.

Una ministra ágil y preocupada por la salud de sus ciudadanos y un Ayuntamiento responsable deberían haber previsto la puesta en marcha de una serie de medidas urgentes para minimizar los efectos de las altas temperaturas en la población. Se debería haber puesto en marcha, asimismo, un sistema de vigilancia epidemiológica, un sistema de recogida de información que hubiera ayudado a detectar el problema, y por lo menos diseñar unas medidas espefícicas y efectivas para los días en los que la temperatura alcanzó sus niveles más altos.

Tenemos que ser conscientes de que este tipo de fenómenos van a ser cada vez más frecuentes: la OMS ha advertido de que el envejecimiento de la población urbana y el cambio climático, con alteraciones extremas de las temperaturas, va a provocar un aumento del número de fallecimientos, que va a afectar especialmente a personas mayores y enfermos crónicos. Quizás va siendo hora de que, además de prevenir, nos empecemos a tomar muy en serio los acuerdos de Kioto -reducción de contaminación, potenciamiento de energías renovables y menos dañinas...- porque estamos saliendo del mundo de la especulación para encontrarnos con una realidad que puede cambiar nuestra forma de vida.

Pilar Estébanez Estébanez es concejal del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Madrid, especialista en Salud Pública.