UGT afirma que hay 65 menores condenados libres por falta de plaza

UGT ha remitido una denuncia al Fiscal General del Estado en la que expone que hay "al menos 65 menores" condenados a medidas de internamiento que se encuentran en libertad. "Hay centenares de sentencias firmes que no se cumplen por falta de plazas", señalan. La consejería de Bienestar Social desmintió esta afirmación y anunció que se ha duplicado el número de plazas para menores.

La Federación de Servicios Públicos (FSP) del sindicato UGT-PV presentó ayer la denuncia, que se ha dirigido a la Fiscalía General del Estado en lugar de los tribunales ordinarios porque "las vías judiciales ordinarias, a veces son largas e ineficaces", según el secretario general de la FSP, Luis Lozano, a pesar de lo cual "no se van a abandonar los tribunales".

En el escrito, los responsables de servicios sociales del sindicato exponen que desde julio de 2003 "no hay un nuevo internamiento de un menor en uno de los centros destinados a tal efecto, con la excepción de los de carácter cautelar", lo que, transmite un sentimiento de "impunidad que hace que los menores sigan delinquiendo". El responsable de servicios sociales de UGT, Toni Femenía, comentó que esta situación no afecta a los menores que como medida preventiva se les aplica el internamiento. Entonces sí se les ingresa en los centros y una vez se les condena de forma firme, siguen ocupando la plaza que tenían de forma provisional. Sin embargo, a aquellos menores a los que se les dicta una sentencia firme de internamiento sin haber pasado por el centro antes, no se les puede ubicar.

"Alguno de estos menores acumulan más de 20 sentencias y sólo cuando cumplen los 18 años ingresan en prisión", comentó Femenía. Existe una situación de "saturación de los centros" ante la cual la Generalitat Valenciana "no se plantea la creación de ninguno nuevo ni ningún tipo de concierto con instituciones privadas para hacerse cargo del problema", señaló.

Todo ello lleva a que la ley del menor no se cumpla y no se apliquen las sentencias que emiten los jueces por falta de centros, "una responsabilidad de la Consejería de Bienestar Social", que es la entidad encargada de que se pueda llevar a cabo la ejecución de las medidas adoptadas por los jueces de menores.

Desde la Consejería de Bienestar Social se desmintieron "rotundamente" estas acusaciones. En una nota, comunicaron que desde enero de 2001, fecha de entrada en vigor de la ley de responsabilidad penal del menor, se ha duplicado el número de plazas y triplicado el de centros "cubriendo la diversidad y especialidad de medidas contempladas en la normativa". Sin embargo, sí se admitió que hay diversas medidas que se acumulan sobre un mismo menor por lo que es imposible que se cumplan a la vez. Además, señalaron que la Generalitat trabaja en el aumento de plazas "una situación a la que se enfrentan todas las autonomías".

Por otra parte, el secretario de Sector Autonómicas de FSP-UGT-PV, Gonzalo Fernández, señaló que el sindicato ha puesto en conocimiento del Ministerio de Trabajo "irregularidades y retrasos excesivos" en la tramitación de expedientes de minusvalía para reconocer esta condición.