Un desafío compartido

Hagan ustedes la prueba: introduzcan Kyoto (así, con "y", al modo anglosajón) en el buscador Google y encontrarán cuatro millones de documentos con el nombre de la ciudad japonesa que alumbró el famoso Protocolo de lucha contra el cambio climático. Nunca una cuestión ambiental había sido objeto de un debate público tan amplio e intenso, ni habían participado en él con tanto vigor los agentes económicos. Ello tiene implícito el riesgo de que los ciudadanos entiendan el Protocolo de Kioto como una cuestión esencialmente económica, un problema exclusivo de la industria que les es ajeno.

Ese enfoque constituye un error. Los científicos consideran que la acumulación en la atmósfera de los llamados gases de efecto invernadero (GEI) tendrá como consecuencia un incremento de la temperatura del planeta y del nivel del mar, una mayor frecuencia de fenómenos catastróficos como sequías, tormentas e inundaciones, la extensión de las enfermedades tropicales y la desaparición de especies. Esto no es una hipótesis de ciencia ficción. Si no nos ponemos manos a la obra para atenuar el problema, nuestro mundo perderá condiciones de habitabilidad.

Nunca una cuestión ambiental había sido objeto de un debate público tan amplio

Combatir el cambio climático significa reducir las emisiones de GEI. Para ello, la comunidad internacional acordó en 1997 el Protocolo de Kioto, que establece límites para las emisiones de los países industrializados en el periodo 2008-2012. La Unión Europea se comprometió a una reducción del 8% respecto a 1990, estableciendo un "reparto de la carga" que autorizaba a España, por su menor desarrollo económico, un incremento del 15%. Este compromiso fue ratificado por unanimidad en el Parlamento español. Sin embargo, el inventario español de emisiones de 2002 muestra un incremento próximo al 40%. A ello ha contribuido el impulso económico en los últimos años, pero es crucial advertir que mientras en los restantes países desarrollados las emisiones de GEI crecen más lentamente que la riqueza nacional, o incluso se reducen, en España ocurre exactamente lo contrario.

La clave está en el modelo energético. El dióxido de carbono, principal gas de efecto invernadero, se produce mayoritariamente por el uso de combustibles fósiles tanto en las centrales de generación de electricidad como en los vehículos, los comercios o los hogares. Cuando quemamos carbón, derivados del petróleo o gas natural, emitimos CO2 a la atmósfera. Cuando encendemos una bombilla, un aparato de aire acondicionado o un televisor producimos indirectamente el mismo efecto.

En España está creciendo hoy el consumo energético final el doble que el PIB, lo que supone una ineficiencia energética creciente. Si la ineficiencia es siempre un derroche, en un país como el nuestro, que depende en más de un 80% de recursos energéticos exteriores, además es una amenaza estratégica, agravada por el escaso desarrollo que han tenido energías renovables, no contaminantes, como la solar o la procedente de biomasa. La situación actual es consecuencia de una grave inacción en los últimos años, en los que no se ha moderado el crecimiento incontrolado del consumo energético ni impulsado suficientemente las energías limpias. Se ha caído en la errónea idea de "nuevos ricos" de considerar que el bienestar es directamente proporcional al consumo, ignorando la importancia de bienes públicos como la calidad ambiental. Es urgente cambiar esa forma de pensar. Además, el cumplimiento de Kioto ofrece importantes oportunidades. El impulso a las energías renovables refuerza un sector industrial con gran capacidad de competir internacionalmente y crear empleo. Ahorrar energía supone mejorar la balanza comercial de España y reducir otras emisiones atmosféricas contaminantes que deterioran la calidad del aire que respiramos.

El nuevo Gobierno ha asumido un claro compromiso con el Protocolo de Kioto, abordando dos tareas urgentes. Primero, la redacción de un proyecto de ley para incorporar al ordenamiento jurídico español la Directiva europea que regula las emisiones de gases. El límite para hacerlo era el 31 de diciembre de 2003, por lo que España tiene abierto un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea. Segundo, la elaboración del Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión (PNA), fijando la senda elegida por España para el cumplimiento de su compromiso y las emisiones autorizadas a las principales industrias del país en los próximos años. Dicho plan debía haber sido aprobado el pasado mes de marzo, y sólo la intensa actividad del nuevo Gobierno, así como la respuesta responsable de los agentes sociales y económicos, han permitido presentar una propuesta para debate público, evitando un nuevo expediente de infracción. El Gobierno ha debido hacer en tres meses, con unos criterios de prudencia, transparencia y equilibrio ampliamente reconocidos, lo que no se había hecho en los años anteriores. Resulta un sarcasmo que la crítica que han realizado al plan algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP es que ha sido elaborado con excesiva celeridad.

El PNA propone detener en 2005-2007 el vertiginoso crecimiento de las emisiones, reduciéndolas posteriormente en 2008-2012. Esto supone un gran desafío para todos. Los sectores que más están aumentando sus emisiones son precisamente los que dependen de las políticas públicas y de los propios ciudadanos, como el transporte o el residencial. Por ello, el PNA exige a la industria un esfuerzo, pero también al conjunto de la sociedad. Cada Administración pública deberá acometer actuaciones decididas en su ámbito de responsabilidad, las empresas deberán apostar por la tecnología y la innovación, los agentes sociales serán necesarios para llevar al ánimo de los ciudadanos la necesidad de cambios en los hábitos de vida y consumo.Si tenemos éxito, éste será de todos. De lo contrario, las generaciones futuras nos reclamarán nuestra parte de responsabilidad.

Arturo Gonzalo Aizpiri, doctor en Ciencias Químicas, es secretario general para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático en el Ministerio de Medio Ambiente.