El juego de la seguridad

Cuando aparecían los efectos del cólera en la antigua Roma, los ingenieros romanos tenían claro que separando las aguas residuales de los depósitos de abastecimiento a la población se solucionaría el problema. Las redes de saneamiento romanas, como la que se puede ver todavía en la ciudad de Mérida, tenían ya el mismo diseño y objetivo que los sistemas de alcantarillado actuales: concentrar la contaminación y "trasladarla" a otro lugar.

Sólo muy recientemente hemos superado la era del "alejamiento y la dispersión" de la contaminación por el de la prevención, la reutilización y el reciclado. El cumplimiento de los compromisos de Kioto forma parte de este nuevo enfoque de la protección medioambiental y supone sin duda el mayor reto medioambiental al que nos enfrentamos los españoles en el nuevo siglo.

España y Reino Unido son los únicos países que plantean reducciones reales

Este reto se entiende en su justa medida si consideramos dos claves que nos diferencian del pasado reciente: la primera de ellas es que nos deberemos responsabilizar de la financiación de las nuevas actuaciones medioambientales, sin esperar apoyos significativos en forma de fondos europeos. Y la segunda es que vamos a estrenar un marco innovador, como es la creación de un mercado de derechos de emisión, para alcanzar los objetivos medioambientales. Conviene reflexionar sobre la lógica de este mercado.

El mercado de derechos de emisión establece un mecanismo claro para combatir progresivamente la contaminación, reduciendo el número de derechos disponibles que una industria o corporación tendría de manera gratuita (por ejemplo repartir el primer año gratuitamente 100 y al siguiente solo 97 y así progresivamente), de tal manera que cada empresa elige si le es más rentable comprar los derechos adicionales que necesitaría o invertir en nuevas tecnologías de reducción de emisiones. Por lógica de mercado, el precio del derecho aumentará conforme vaya convirtiéndose en un bien "escaso" y por tanto su precio irá transmitiendo al mercado gradualmente la necesidad, que no la obligación, de cambiar de tecnología o continuar pagando. En Europa la Directiva de Comercio de Derechos de Emisión propone este sistema para combatir el cambio climático.

En cumplimiento de esta Directiva, el primer paso operativo para cada país consiste en determinar el número de derechos gratuitos que se reparte a la industria mediante un Plan Nacional de Asignación.

El Plan Nacional de Asignación Español ya se ha publicado otorgando un total de 161,25 millones de derechos anuales a la industria para el periodo 2005-2007 lo que representa un 97,3 % de las emisiones españolas del año 2002. Una vez conocido el Plan Español, y aunque algunos sectores sociales puedan considerar que no ha avanzado suficientemente en el objetivo de Kioto, la realidad es que España junto con el Reino Unido, son los únicos países que plantean reducciones reales sobre las emisiones base. Ir mucho más allá sería tal vez no comprender suficientemente la naturaleza del mecanismo.

El reparto de derechos en un sector deberá considerar los aspectos medioambientales de las distintas fases de la actividad económica y los distintos estadios de los procesos productivos en que ese sector se involucra. En este sentido es posible que sea necesario aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero para, paradójicamente, contaminar menos.

Este es el caso del sector de la cal, que aunque produce emisiones de gases de efecto invernadero, se configura como una pieza clave de las políticas medioambientales de futuro al ser necesario para la limpieza de gases contaminantes en las grandes instalaciones de combustión, la remineralización del agua de las desaladoras o la estabilización de suelos y fangos de depuradoras. También el sector refino ve incrementada sus emisiones precisamente por producir gasolinas limpias de contaminantes.

Aun considerando estos factores, desde la Unión Europea se advierte la escasa relación entre los Planes de Asignación propuestos por los países miembro y el objetivo común de reducción real de emisiones. Los Estados que como el Reino Unido han sido más estrictos en el reparto de los derechos ya han anunciado que vigilarán la posible existencia de "subvenciones encubiertas" en el reparto gratuito de derechos en otros países. Conviene preguntarse porqué los planes de asignación del resto de países europeos han sido, por llamarlo de alguna manera, tan "laxos". La teoría de juegos quizás nos ayude algo a entender esta situación. Todos los países de la Unión Europea debían emitir su Plan de Asignación a 31 de marzo de 2004, es decir establecer cuántos derechos de emisión asignan gratuitamente a cada uno de sus sectores industriales. Cada país decidió en este Plan si era riguroso con los objetivos de la Directiva o "generoso" con su industria, sin conocer en detalle qué es lo que iban a hacer el resto de los países. En la práctica dar más derechos a una industria de los que necesita implica subvencionarla, mientras que darle menos es equivalente a aplicarle un impuesto.

La combinación de escenarios posibles no es más que una variante del dilema del prisionero, conocido como el "juego de la seguridad". Cuando varios socios deben tomar decisiones que conduzcan a un objetivo común (en este caso reducción de emisiones) y desconocen cómo se van a comportar los otros, tienden a "jugar sobre seguro", de ahí el nombre del juego.

Lo curioso es que esto es exactamente lo que ha pasado en la realidad, la asignación de derechos podría considerarse "generosa" en las circunstancias. Excepto España y el Reino Unido el resto de gobiernos Europeos han preferido "subvencionar" a aplicar un impuesto. La Unión Europea deberá enfrentarse sin duda a este escenario de partida complejo, que puede poner en desventaja a los países que como España han apostado de manera más decidida por avanzar en la reducción de emisiones.

Fernando Arlandis es director de Sostenibilidad de PricewaterhouseCoopers en España y codirector del Informe Efectos de la aplicación del Protocolo de Kioto en la Economía Española.