Los costes de la liberalización

El pasado mes de junio de 2003 el Ministerio de Economía, con Rodrigo Rato al frente, quiso dar un nuevo empujón a la liberalización de un sector con una presencia más que significativa de dos grandes firmas -Repsol y Cepsa- como consecuencia de la herencia del antiguo monopolio de Campsa. Entre las medidas adoptadas en el artículo tercero de la Ley 6/2000 se establece la obligatoriedad de dotar de estaciones de servicio a los nuevos centros comerciales. El déficit en España estimado por el Ejecutivo entonces es de 2.000 a 3.000 gasolineras, una cifra que contrasta con los cálculos de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, para la que es muy significativo el hecho de que ya hayan empezado a cerrarse algunas. "En Badajoz, que es la zona en la que yo me muevo, se han cerrado ya más de seis", señala su portavoz, Casto Bravo, que añade: "Se están cometiendo aberraciones como la de abrir dos estaciones en una localidad de 6.000 habitantes o una en otra de 1.200 habitantes, y eso no se puede mantener".

Durante el año pasado aumentó de 121 a 153 el número de gasolineras instaladas en superficies comerciales en España

Según Bravo, en Francia la presión de las grandes superficies ha forzado el cierre de más de 6.000 puntos de venta de combustible en los últimos años, lo que ha provocado que haya algunas zonas desabastecidas. "En España", señala, "la situación actual no permite aguantar una estructura como la francesa". Y a ello añade que donde realmente se obtienen más beneficios que con el combustible es con las ventas en las tiendas de conveniencia situadas en las gasolineras.

El acuerdo alcanzado recientemente entre Repsol y El Corte Inglés es un magnífico ejemplo de ello.

En términos relativos durante el año pasado, las superficies comerciales no alcanzan el 3% de las estaciones de servicio en España, pero en volumen suponen el 7,5% de las ventas, ya que vendieron una media de 3,5 millones de litros por gasolinera.

Suelen vender entre el doble y el triple que en las estaciones de la red tradicional con unos costes operativos más bajos. En alguna ocasión se ha insinuado incluso que podían estar incurriendo en prácticas de dumping, venta por debajo del precio de coste, algo que resulta difícil de mantener si se tiene en cuenta que son los mismos proveedores en todos los casos. "En la Confederación sabemos los márgenes en los que nos movemos todos", señala Casto Bravo, "y en el momento en el que tuviéramos la más mínima sospecha los denunciaríamos hasta en Bruselas. No nos podemos rendir, aunque muchos piensen que se trata de una batalla perdida; tenemos que defender a los 3.700 empresarios españoles cuyos negocios dependen de ello".

En cuanto a las acusaciones de influir en las autoridades locales para frenar en muchos casos las nuevas implantaciones, Bravo lo niega: "Ojalá tuviéramos esa fuerza para decidir dónde se instalan y dónde no. De cualquier manera", apunta, "estamos en manos de las petroleras, que son las que mandan con sus ventajas y sus inconvenientes; no son el coco, pero tampoco dan nada porque sí".

Por su parte, Álvaro Mazarrasa, director general de la patronal petrolera, AOP, destaca el fuerte incremento registrado en 2003, en el que se pasó de 121 a 153 gasolineras en superficies comerciales, y critica las ventajas que puedan tener éstas a la hora de obtener las licencias, "como patronal, aunque quizás deberíamos hacerlo, no hemos impugnado nunca una decisión de ese tipo".