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Declaran ante la juez los acusados por gritar contra la guerra en las Cortes

Los ocho integrantes de la plataforma cívica rechazan la imputación

Ocho integrantes de la plataforma valenciana Cultura contra la Guerra declararon ayer ante la juez Carmen García Mingo por un supuesto delito contra el normal funcionamiento de una alta institución del Estado. Es la consecuencia de la suspensión de la sesión de las Cortes del 23 de marzo de 2003 que decidió la entonces presidenta, Marcela Miró, del PP, cuando miembros de la plataforma Cultura Contra Guerra protestaron en el hemiciclo.

Desde las 10.00 y hasta las 14.00 se sucedieron las declaraciones de los ocho miembros de la plataforma valenciana Cultura Contra la Guerra a los que se imputa, junto a otros tres cuyo testimonio está adscrito a otros juzgados, un posible delito de alteración grave del normal funcionamiento de una alta institución del Estado. Toni Pérez Canet, Isabel Requena, Mónica Ibáñez, Isabel Carmona, María Luisa Martínez Pasos, Lauro Miso Mingot, Josep Vicent Marqués y Antoni Tordera explicaron a la juez que efectivamente el 23 de marzo de 2003 tenían la pretensión de escenificar visualmente su rechazo a la invasión de Irak. "Nos pusimos pins o pegatinas y llevábamos algún cartel con ese mensaje", dijeron. Precisaron que todos los elementos eran visibles, entraron con ellos y pasaron el control policial. "Nadie nos advirtió", afirmó Isabel Requena, presidenta de la Associació d'Actors i Actrius del País Valencià.

Según la versión de los acusados, en varias ocasiones la presidenta de la Cámara autonómica, Marcela Miró, cortó en el uso de la palabra a representantes de la izquierda cada vez que hacían alusión a la invasión de Irak. En un determinado momento, "algunos diputados empezaron a gritar 'no a la guerra' y nos sumamos", precisaron Isabel Requena y Toni Pérez Canet. Y fue entonces cuando Miró suspendió la sesión y requirió a las fuerzas de seguridad.

El abogado de los once acusados, Manolo Mata, consideró al finalizar las declaraciones que la acusación de "alteración grave" es "jurídicamente una barbaridad". Añadió que "políticamente es una ignominia porque esa escena se repitió en otros parlamentos que no denunciaron nada, y se ha visto en las Cortes Generales con el PHN sin que ocurra nada". Y, concluyó, "moralmente es censurable que se acuse a quienes activaron un movimiento ciudadano que nos sacó a todos a la calle".

Pere Ricart es otro procesado que ya declaró en Llíria a principios de mes. El próximo día 29 prestará testimonio en un juzgado de Moncada Vicent Tamarit, y el 2 de septiembre lo hará en Paterna Consol Gómez. La instrucción está en manos de la Audiencia Nacional.

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