El 65% de los abogados suspende la nueva ciudad de la justicia

La ciudad de la justicia que impulsa la Generalitat genera muy pocas simpatías entre los abogados. Una encuesta hecha pública ayer por el Colegio de Abogados de Barcelona asegura que el 65% de los letrados considera que el nuevo proyecto empeorará el servicio de la administración de justicia y 9 de cada 10 censuran que no se les haya consultado sobre el plan.

La encuesta ha sido realizada a través del portal del Colegio de Abogados entre el 20 de mayo y el 12 de julio y ha sido respondida por más de 300 letrados. Lo más destacado del resultado es que el 74% de los abogados considera negativo o muy negativo que los edificios judiciales de Barcelona estén en dos núcleos dispersos: por un lado, la futura ciudad judicial que se construirá en los antiguos cuarteles de Lepanto, entre los términos municipales de L'Hospitalet y Barcelona, y por otro, los siete edificios dispersos que habrá en el centro de la capital catalana.

En una escala del 1 al 10 (de muy negativo a totalmente positivo), el 52% califica con un 1 la dispersión de equipamientos anunciada por el nuevo equipo del Departamento de Justicia en lugar de la concentración prevista en el proyecto que aprobó el Gobierno de CiU. El 12% pone una nota de entre 5 y 6 a la iniciativa, y el 14% de los abogados le otorgan entre un 7 y un 10.

Roser Navarro, presidenta de la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia del Colegio de Abogados de Barcelona, aseguró ayer: "La encuesta refleja las inquietudes de los abogados y creemos que el Departamento de Justicia debería ser sensible a estos resultados". Navarro insistió en que el nuevo plan de la Generalitat "no es un buen proyecto", aunque admitió que "parece ser que están muy decididos a tirarlo para adelante".

Precisamente ayer, el consejero de Justicia de la Generalitat, Josep Maria Vallès, anunció que el proyecto definitivo de la ciudad de la justicia se conocerá tras el verano. Un portavoz de ese depatamento declinó ayer pronunciarse sobre los resultados de la encuesta del Colegio de Abogados aunque cuestionó que sean representativos de la opinión de los letrados.

Las principales modificaciones del plan que trascendieron el pasado mes de abril preveían una reducción de la superficie bajo rasante en más de 59.000 metros cuadrados, aunque se mantenía intacto el espacio de 22.000 metros para oficinas y equipamientos comerciales. Inicialmente se dijo que se construirían viviendas de alquiler y unos días después el propio consejero Vallès admitió que se podrían construir pisos de libre mercado para abaratar el coste de la operación.

Al margen de los abogados, la modificación del proyecto ha sido censurada por el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Guillem Vidal, en funciones desde el día de ayer, así como por el presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona, José Luis Barrera. Procuradores, peritos judiciales y otros profesionales relacionados con la justicia también se han definido en contra.

Precisamente, el 92% de los encuestados considera negativo o muy negativo que la modificación del proyecto inicial se haya aprobado sin consultar a jueces, abogados o procuradores y el 76% de los abogados califica de necesaria la existencia de la ciudad de la justicia.