La Fiscalía archivó en 2003 su investigación sobre posibles adopciones ilegales

La Fiscalía abrió una investigación en el Campo de Gibraltar para tratar de aclarar si se habían producido adopciones ilegales en la comarca, tras recibir un informe policial en los que se constataba la presencia de menores extranjeros en viviendas de la zona. En 2003 se archivó sin que se probase la existencia de algún delito en los casos indagados, según Juan Cisneros, uno de los fiscales destacados en la comarca gaditana. "Probar una adopción ilegal es muy difícil, otra cosa es la resolución administrativa, pero ahí nosotros le perdemos la pista", señala.

La notificación policial, fechada el 9 de octubre de 2002, señalaba que a principios de aquel mes el negociado de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) había avisado a la policía de la comparecencia de "varias familias preguntando por las posibilidades de adopción de menores de origen subsahariano que estaban cuidando", según el informe elaborado por la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Algeciras.

En el escrito remitido a la Fiscalía de Menores, se detallaban los casos de cinco menores nigerianos que vivían en hogares de San Roque y Castellar de la Frontera por decisión de sus padres biológicos.

Aunque la investigación se culminó sin detectar irregularidades penales, sirvió para que la Fiscalía elaborase unas diligencias informativas para modificar el procedimiento seguido por la policía cuando se interceptaban inmigrantes con menores de corta edad mediante las que pedía que se "reseñase" a los bebés.

Hasta entonces no quedaba constancia en ningún documento oficial ni en ningún fichero de las entradas de niños, que además llegan a la costa gaditana sin ningún tipo de documentación que acredite su identidad. Sin esta documentación y sin ficha policial, que se abre a los adultos por tratar de entrar de forma clandestina en el país y que resulta improcedente en el caso de un lactante, la llegada de estos menores no dejaba huella en ningún papel oficial, lo que imposibilitaba o, al menos, dificultaba el seguimiento posterior del niño por parte de las administraciones públicas. Los bebés llegados hasta entonces viven en un limbo jurídico -carecen de papeles de identificación y no está registrada su entrada en el país- agravado cuando sus progenitores no están regularizados, que ocurre con gran frecuencia. El nuevo procedimiento policial contempla el registro de los niños con sus datos y sus huellas dactilares de modo que estén identificados.

El fiscal Juan Cisneros explica que la actuación que se sigue cuando llega un menor de corta edad en una lancha varía si está acompañado de la madre. En este caso se convierte en un salvoconducto que evita la expulsión de la mujer en el caso de que fuese la medida procedente. "Eso da lugar a situaciones comprometidos si los padres se han ahogado", indica. Si el bebé llega sin progenitores pasa a depender de la Administración autonómica, que declara el desamparo y lo acoge en alguno de los centros de menores de la zona (El Cobre para niños y el centro Abril para niñas). El fiscal explica que el procedimiento puede variar según el grado de emergencia: "Hay muchas entidades que colaboran, pero si hay un menor desamparado la Junta tiene notificación". Las fuerzas de seguridad avisan al juzgado o a la fiscalía de la presencia de niños entre los ocupantes de alguna patera.

Juan Cisneros asegura que no ha detectado que los menores se usen para facilitar la permanencia en el país, aunque aclara que las situaciones "anómalas" se pueden producir, "como no llegan con documentación se deduce que el niño es hijo de alguien porque lo lleva en brazos".

En lo que va de año, según la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, han sido interceptadas 112 mujeres africanas, entre ellas una llegó embarazada y nueve con bebés.