El Tribunal de Cuentas censura la ayuda de seis millones al Athletic dada por Vizcaya

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha apreciado diversas irregularidades en la ayuda de seis millones de euros que la Diputación vizcaína otorgó en 2002 al Athletic. Asegura que se debieron aplicar los principios de publicidad y concurrencia y aprobarse por las Juntas Generales, en vez del Consejo de Gobierno foral, y pide determinar "el destino concreto y cuantificado" de la subvención. Un consejero del tribunal, el ex alcalde bilbaíno José María Gorordo, ha pedido que se fiscalizen también las ayudas dadas por la Diputación de Guipúzcoa a la Real Sociedad.

El convenio ya fue objeto de polémica hace casi dos años, cuando se suscribió para paliar el "desequilibrio financiero del club". La contrapartida que recibió la Diputación era la promoción exterior de la imagen de Vizcaya por el Athletic. Tras el debate político en las Juntas Generales después de su firma, ha llegado al Tribunal de Cuentas, que, por encargo expreso del Parlamento, ha dedicado un apartado a este asunto dentro de su informe anual sobre la actividad económica y financiera de la Diputación de Vizcaya, correspondiente al año 2002.

El órgano auditor cuestiona que la ayuda se formalizase a través de un convenio, ya que no están precisadas en él con claridad obligaciones que asume el club. Considera que se trata más bien de una subvención y que, en consecuencia, debían haberse respetado los principios legales de publicidad y concurrencia, lo que la Diputación "no aplicó por entender que la normativa foral exime de dichos principios a las ayudas instrumentadas mediante convenio".

El Tribunal de Cuentas estima que dichos principios son exigibles para la concesión de cualquier tipo de ayuda y considera que la Diputación no ha acreditado "las circunstancias excepcionales" para obviarlos. Junto a ello, agrega que la elevada cuantía "hacía más adecuada" que su aprobación corriese a cargo de las Juntas Generales de Vizcaya, en vez del Consejo de Gobierno de la Diputación.

Voto particular de Gorordo

El informe asegura desconocer que se haya reunido la comisión de seguimiento prevista en el convenio, destinada a concretar los compromisos adquiridos. "Se debe realizar una evaluación de las actuaciones realizadas hasta la fecha y determinar el destino concreto y cuantificado de las ayudas", asegura.

Este asunto ha tenido un voto particular por parte de uno de los siete consejeros del Tribunal de Cuentas, el ex alcalde de Bilbao José María Gorordo, quien coincide en que la fórmula del convenio no es acertada y que la ayuda debía ser aprobada por las Juntas. Pero reprocha que no se haya estudiado la ayuda, definida mediante una subvención, de la Diputación de Guipúzcoa a la Real Sociedad por un importe de nueve millones, aprobada en diciembre en 2002 y abonada al club donostiarra en marzo de 2003.

En las alegaciones recogidas en el informe, la Diputación de Vizcaya defiende que se trata de un convenio, en vez de una subvención, porque argumenta que lo principal es la obligación del Athletic de colaborar "en las actividades de promoción de la imagen" de Vizcaya.

El club bilbaíno señaló ayer que las afirmaciones del Tribunal de Cuentas son un asunto "que depende de la Diputación, no del Athletic". Un portavoz oficial sí negó que la comisión de seguimiento prevista no se haya reunido y afirmó que ha habido al menos "dos reuniones". "Otra cosa es que la última haya sido hace tiempo", precisó.

La Diputación ha defendido desde el principio la ayuda de seis millones por el nexo de unión de los vizcaínos que significa el Athletic y por el amplio espectro social que sigue al club. El PP, el grupo político más crítico con la subvención, volvió a reprochar ayer a la Diputación su decisión y le criticó por "no tratar igual a todos los clubes". "Sacamos al Athletic de un apuro derivado de su mala gestión económica y lo abultado de sus nóminas. Todo a cambio de casi nada", dijo el juntero Arturo Aldecoa.

El informe fiscalizador de a Diputación vuelve a constatar, como reitera año tras año, ilegalidades en los aplazamientos de las deudas tributarias, aunque las cantidades han disminuido significativamente. Si en el informe de 2001 hablaba de aplazamientos por casi 115 millones de euros, en el ejercicio de 2002 se limita a 6,1 millones.

El tribunal agrega la anomalía de la concesión de 24 aplazamientos de deudas fiscales por importe de 5,6 millones de euros a tipos de interés entre el 0 y el 4%, inferior al exigible por la normativa de ese año, que se sitúa en el 5,5%.