La mili de los esclavos
El viernes 25 de junio pudimos ver una situación poco habitual en el Parlamento vasco. Todos los grupos de la oposición votaban a favor de una proposición no de ley en relación con las víctimas del franquismo. Votaron en el mismo sentido el PP, UA, SA y los proponentes, el PSE. Este prodigio de la política vasca, unir a partidos tan dispares, se debe a uno de los políticos más hábiles de nuestro país, el consejero Javier Madrazo.
El lehendakari lleva años buscando el consenso en aras de impulsar el autogobierno y todavía no se ha dado cuenta que debe ceder su sillón al consejero de Vivienda y Asuntos Sociales para conseguir el amplio consenso necesario para aprobar el mismo. ¡Madrazo, lehendakari! Con don Javier en Ajuria Enea el plan Ibarretxe, la ampliación de la Ertzaintza, el problema del Cupo, etc. se resuelven en una semana con el apoyo de toda la oposición. Otegi, López, San Gil y Benito se convertirían en miembros de un gobierno heptapartito.
El 'lehendakari' debe ceder su sillón al consejero Madrazo, para conseguir el amplio consenso necesario
Pero todos nos preguntamos a qué se debe este prodigio de la política, si somos incapaces de ponernos de acuerdo en prácticamente nada. La razón es muy simple, únicamente se debe a la ineficacia en la gestión de la consejería dirigida por el señor Madrazo.
El Gobierno vasco publicó en noviembre de 2002 un decreto de compensación a las víctimas del franquismo. La intencionalidad del decreto era positiva y suponía un avance importante en el reconocimiento a las víctimas y en la recuperación de nuestra memoria. Pero los problemas se plantearon con la resolución de las solicitudes.
La opinión generalizada, pero equivocada, es que la consejería se encontró con unos problemas que no había previsto. Esto no es así. La consejería solicitó un informe a un grupo de historiadores, que elaboraron un amplio y documentado trabajo que planteaba algunas de las cuestiones cruciales que han provocado la situación actual. En primer lugar hablaba de un amplio número de solicitudes, unas 10.000 (página 67 del informe). También informaba de "la dificultad para conseguir y acreditar la documentación requerida" (p. 104), algo que ha resultado evidente a raíz de los resultados. Y por último, informaba sobre el número de archivos a consultar, y no sólo el Archivo General Militar de Guadalajara (pp. 136-141), que es el único al que ha acudido el Gobierno.
Con todo ello concluimos que la consejería conocía perfectamente el problema al que se enfrentaba y que si nos encontramos en la situación actual se debe a la ineficacia demostrada por las personas encargadas de la gestión de este asunto y, en definitiva, por la incapacidad del responsable político de la misma, el señor consejero.
Todo ello ha producido como resultado una negación masiva de las solicitudes (el 70%) debido a estos problemas, a la falta de una revisión concienzuda de los documentos aportados y al discutible concepto del servicio militar del señor Madrazo que supone un insulto a la memoria de los muertos y a los supervivientes de la represión. En relación con este último grupo recordaremos que 1.038 de las solicitudes acreditan la privación de libertad por su permanencia en los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores creados por las autoridades franquistas a partir de 1940. En ellos se encuadraron a personas que, al ser consideradas desafectas al régimen, fueron obligadas a formar parte de estos batallones durante el periodo de la II Guerra Mundial. Con ello, la dictadura buscaba impedir la formación de una red de apoyo a una posible intervención aliada en España y, por otra, conseguir mano de obra gratuita para diversas obras públicas. La ficción que utilizó Franco, y que Madrazo acepta, fue inscribir a estos prisioneros en las cajas de reclutas. De este modo, los prisioneros dejaban de serlo y se convertían en soldados trabajadores, produciendo la reducción del número legal de represaliados. Aunque el número real seguía siendo el mismo.
Pero, para cualquier persona con un mínimo conocimiento histórico esta consideración de soldados resulta una aberración. Estas personas no portaban armas y estaban vigiladas por soldados armados, realizaban trabajos forzados y en muchos casos las lamentables condiciones de sus alojamientos, alimentación, etc. llevaba a su fallecimiento.
Si acudimos a un símil histórico, podemos pensar que los esclavos del nazismo, utilizados como mano de obra gratuita por el Estado alemán y por sus industriales eran simples trabajadores, o simplemente podemos afrontar la verdad, considerándolos prisioneros condenados a trabajos forzados. Aunque, fruto de la resolución de este decreto, podría ser que el señor Madrazo nos ayudase a rescribir este capítulo de la historia de las represiones franquista y nazi.
Pero hay más. Muchas de estas personas, después de combatir en la Guerra Civil, pasar por campos de concentración, y prisiones, a partir de 1942 tuvieron que cumplir el servicio militar, en unidades militares de verdad. ¿Cómo es posible que hiciesen la mili dos veces?
Si los representantes de IU en las instituciones europeas exponen estos criterios en el Parlamento Europeo puede que tengan que inscribirse en el mismo grupo parlamentario que el austriaco Haider, porque es uno de los pocos que comparte estos criterios.
Por tanto, señor Ibarretxe, si no quiere ceder su sillón, creo que sería un acierto realizar un cambio de las responsabilidades. Encargue al señor Madrazo la gestión de todos los asuntos conflictivos que tiene su Gabinete en cartera para que consiga la unanimidad de la oposición y confiera la resolución del problema de las víctimas del franquismo al señor Amann, que ha demostrado la capacidad suficiente para encauzar el difícil problema de la Y vasca y que estará a la altura para solucionar un problema de bastante menor complicación como el que nos ocupa.
Mikel Urquijo Goitia es profesor de Historia Contemporánea de la UPV-EHU.
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