La relación entre la desalación y la energía entra en el debate

En 1961 John Fitzgerald Kennedy tenía un sueño: "Si algún día conseguimos obtener agua dulce de agua salada de forma competitiva y barata esto redundaría en el bienestar a largo plazo de la humanidad de tal modo que empequeñecería cualquier otro logro científico". El presidente de EE UU no hablaba entonces de una quimera, pero ya reconocía que la principal traba para desalar agua marina es el coste del proceso.

Treinta años después, la técnica ha llegado a tal grado de sofisticación que se consigue producir 1.000 metros cúbicos de agua desalada al precio de venta de un litro de agua mineral. Si en 1970 se obtenía a 2,10 euros, el metro cúbico ronda hoy el medio euro. Los científicos y las empresas españolas han contribuido a la eficiencia de las desaladoras al punto de ser España una "potencia tecnológica en este campo" según aseguran los expertos y celebran muchos políticos.

Desde que el Gobierno del PSOE decidió paralizar el trasvase del Ebro y apostar por la desalación, los dirigentes del PP han desplegado todo tipo de argumentos contra esta tecnología que da de beber a 121 millones de personas en el mundo. Este partido critica el gasto energético que implica la desalación -lo que eleva el precio del agua-, y la emisión de CO2 que conlleva la utilización de fuentes de energía tradicionales.

- El coste de la desalación. El 40% del coste del agua desalada es imputable al consumo de electricidad. La mayor parte de este uso se dedica al proceso de ósmosis inversa que consiste en el bombeo de agua marina a alta presión a través de unas membranas semipermeables que separan la sal para que el resultado se pueda beber. Con 3,8kw/h, -lo que gasta una plancha doméstica potente encendida durante una hora-, se produce un metro cúbico de agua desalada.

- El 1% del consumo nacional. Si en vez de estudiar el gasto a pequeña escala, se tiene en cuenta el total de las 17 desaladoras planeadas por el Gobierno, el aumento del consumo de electricidad resulta "insignificante" frente al anual de toda España. José Antonio Medina, presidente de la Asociación Española de Desalación y Reutilización, calcula que se necesitará contratar 350 megawatios de potencia para las nuevas plantas de la costa mediterránea. "Si todas se pusieran en marcha a la vez, las nuevas desaladoras consumirían el 0,8% del total nacional", alrededor de 3.000 gigawatios/hora; 240.000 se utilizan al año en nuestro país. Y cada día consumimos más y más electricidad. Según datos de Red Eléctrica Española (REE), la empresa encargada del transporte y operación del sistema eléctrico español, el consumo de esta energía aumentó, sólo en 2003, un 6,3%, duplicando la subida media europea.

Para aligerar la factura de la luz y bajar así los precios del agua desalada, Antonio Serrano, secretario general para la Ordenación del Territorio y la Biodiversidad, del que dependen las competencias sobre las aguas, pretende conseguir para el sector "las mismas primas y beneficios en el precio de la electricidad que disfrutan las empresas del aluminio, también grandes consumidoras de energía".

- Más eficiencia. El sector también se aprieta el cinturón con nuevas técnicas que permiten reducir el uso de energía. Las cámaras isobáricas,que aprovechan la presión de la salmuera para desalar más caudal consumen alrededor de 2 kw/h. Sólo tres empresas en el mundo las fabrican. Una de ellas, Tecnivalia (española, con sede en Tenerife), fue creada gracias a la inventiva de Manuel Barreto, que desarrolló los prototipos. Luis González, el director de la compañía, asegura que esta tecnología consigue ahorrar hasta el 50% de la energía utilizada. Un veterano experto en desalación, Miguel Torres, del Instituto de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Fomento, asegura que "las cámaras van a suponer una revolución porque la clave del éxito de la desalación es la constante reducción de sus costes". Medio Ambiente estudia la instalación del invento canario en las cuatro desaladoras que se construirán en breve en Baleares.

- Los platos rotos del CO2. El Protocolo de Kioto que trata de frenar el calentamiento del planeta obliga a España a reducir un 15% sus emisiones de gases de efecto invernadero antes de 2010 tomando como base la cifra que se expulsaba a la atmósfera en 1990. Por eso se señala con el dedo a cualquier sector que impida cumplir este objetivo.

"No es justo que sea la desalación la que pague los platos rotos del exceso de emisiones porque la desaladora no produce CO2. Es la generación de electricidad en las centrales térmicas la que lo crea". Torres indica que el sector más contaminante es el del cemento, azuzado por el mercado de la construcción en plena ebullición desde hace años.

Guido Schmidt, del Programa de Aguas de la organización ecologista WWF/Adena no disculpa en todo caso a la desalación. Si bien se opuso con fuerza al trasvase, Schmidt pide "reflexión y análisis" antes de llevar a cabo la alternativa de Medio Ambiente. "Hay que calcular la demanda real de agua porque está sobredimensionada, escalonar la construcción de desaladoras, y, sobre todo, utilizar energías limpias".

- El viento como alternativa. El pasado miércoles, la portavoz de Medio Ambiente del PP en el Congreso, María Teresa de Lara, insistió en que el uso de energías renovables como la eólica para alimentar directamente a las desaladoras es imposible. "La irregularidad de los vientos impide que los aerogeneradores suministren energía de modo estable a las plantas", afirmaba. Los expertos le dan la razón pero tienen sugerencias para que la desalación no suponga una carga para los compromisos españoles con Kioto.

En la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) animan al Gobierno a adoptar "la decisión política de obligar a la creación de parques eólicos que generen la energía equivalente que consume cada desaladora". En este sentido, Serrano afirma que el ministerio ya se ha puesto en contacto con las comunidades autónomas y los ayuntamientos para "impulsar la energía eólica en paralelo a la desalación".

Esta experiencia ya se ha llevado a cabo en Tenerife. El presidente del Cabildo, Ricardo Melchior, ferviente partidario de la desalación y experto en energía eléctrica, explica: "Hace 10 o 12 años empezamos a trabajar para lograr desalar directamente con energías renovables dada la dificultad de abastecimiento de energía en Canarias". Mientras tanto, la construcción de una desaladora que riega un campo de golf se ha vinculado a la instalación de aerogeneradores.

- El 'techo' eólico. Antonio Estevan, experto en aguas de la FNCA, reconoce que los molinos que habría que poner en pie para colmar el consumo eléctrico de la desalación "se comerían el techo eólico". El límite establecido para la generación de este tipo de energía, 13.000 gigawatios hasta 2010, es lo que se considera que el sistema eléctrico es capaz de soportar sin arriesgar su estabilidad. Melchior asegura en todo caso que el techo se puede sobrepasar llegando a un 30% de generación por fuentes renovables sin poner en peligro la seguridad del sistema. Un informe de Iberdrola redactado en mayo sostiene que en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia se podría instalar una potencia eólica de 830 megawatios, es decir, más del doble de lo que se necesitará para producir los 621 hectómetros cúbicos previstos anualmente.

- Las líneas de alta tensión. La Comunidad Valenciana también ha elaborado su propio informe sobre el tema. El documento afirma que "la desalación es una mala solución porque obligaría a construir nuevas líneas de alta tensión, lo que cuenta con el rechazo de los municipios del litoral y eleva los costes previstos". Dado el desarrollo urbanístico actual, "son proyectos de difícil ejecución por la orografía de la zona y causarán un importante impacto ambiental".

Serrano espera que las comunidades autónomas "no pongan trabas a la desalación porque el que pagará el pato al final será el ciudadano". En REE aseguran que "un ayuntamiento no debe impedir que la electricidad llegue a todas las partes de la red en malla española. Trazar una línea de alta tensión que alimente una desaladora sólo necesita una declaración de utilidad pública que emana del Ministerio de Industria". Pero la realidad es que los consistorios a menudo paralizan obras de infraestructura eléctrica y hay que acudir al juzgado para que continúen. En Valencia, la línea que atraviesa La Valldigna, al norte de Gandía, lleva años "empantanada por este tipo de pleitos", según Serrano.

El secretario general espera tener en marcha las ampliaciones de desaladoras existentes en 2005, y comenzar en 2006 con las de nueva planta. La relación entre la desalación y la energía eléctrica entra en el debate.