La ola de calor: una nueva excusa para las eléctricas

Esta vez le ha tocado a Andalucía, a Sevilla. Antes fueron Mallorca, Cataluña, Valencia y Madrid y mañana no sabemos a qué parte del territorio afectará. Cerca de doscientos treinta mil usuarios sevillanos han padecido durante los últimos días cortes en el suministro eléctrico que han afectado gravemente a su bienestar y a la economía de la provincia: cientos de empresas se han quedado paralizadas; bares, comercios, mercados, hospitales... Endesa ha sumido a Sevilla en un caos y en una total inseguridad, inaceptable en el siglo XXI, con graves pérdidas económicas que se han llegado a comparar con una huelga general. No es un problema nuevo; lo llevamos arrastrando en España durante los últimos años y le corresponderá al Gobierno socialista, una vez más, dar solución a un problema heredado e ineficazmente gestionado por los sucesivos gobiernos de la derecha.

Las compañías eléctricas han gozado, durante estos últimos ocho años, del beneficio de un gobierno plegado a sus presiones e intereses y del que han recibido ingentes cantidades de dinero. Su negociación con el Gobierno de Aznar para recibir compensaciones de cara a la liberalización del sector, supuso la entrega de más de un billón de las antiguas pesetas por unos activos de generación que estaban fuertemente amortizados. Ese dinero, que pagamos todos los españoles a través del recibo de la luz y que motivó la apertura de un expediente sancionador en el seno de la Comisión Europea, no ha servido para mejorar el servicio a los usuarios.

La alusión de las compañías eléctricas a la necesidad de una subida de tarifas para evitar la repetición de los apagones, que es visto como una especie de "chantaje" por la mayoría de los ciudadanos, surge de manera repetitiva cada vez que aparece el problema. En febrero de 2002 la patronal eléctrica anunciaba futuros apagones si el Gobierno no subía las tarifas y permitía, de esta manera, rentabilizar las inversiones de las compañías. De forma sorprendente, en agosto del mismo año, el Ministerio de Economía dirigido por entonces por Rodrigo Rato, anunciaba una reforma radical de la política tarifaria del mercado eléctrico permitiendo que, hasta el año 2010, los precios pudieran subir a tasas anuales de hasta el 2%. Todo hacía presagiar que las advertencias y presiones de las compañías eléctricas eran el origen de esta decisión. El Gobierno, que había prometido rebajar el recibo de la luz a los usuarios un 9% durante los años 2000, 2001 y 2002 , se olvidó de su promesa.

En el Partido Socialista nos opusimos firmemente a esa decisión. Las cuantiosas inyecciones de dinero recibidas por las compañías para asegurar el suministro de electricidad a través de la denominada "garantía de potencia" debieron de destinarse a la mejora de la red de distribución. A finales de 2002 un informe de la OCDE situaba a España entre los países de la UE en los que la electricidad es más cara a la vez que denunciaba la alta concentración de empresas eléctricas (en la práctica un duopolio).

Queda claro que el problema no son las tarifas, como no lo es que en Sevilla haga calor en verano, porque lo ha hecho desde que los sevillanos tenemos memoria.

Que la culpa sea del usuario porque no modera su consumo energético, en un modelo social y económico que fomenta el consumo constante para su funcionamiento produce una cierta perplejidad y, dicho desde el sector de la empresa, es sencillamente surrealista. Al ciudadano no se le puede bombardear publicitariamente desde todos los ámbitos, incluidos los encartes de algunas compañías energéticas, para incentivarle a consumir generando constantemente nuevas necesidades y, a la vez, cuando les conviene, trasladarle una responsabilidad que no es suya. Los ciudadanos pagan por un servicio y las empresas deben de garantizar su suministro y, esto último, es exclusivamente responsabilidad de dichas empresas.

Los expertos llevan años denunciando que el verdadero problema de los apagones en España radica en las deficiencias en la distribución eléctrica, es decir, en las instalaciones y cables de media y baja tensión que llevan la electricidad hasta las casas. Es un problema que ha ido empeorando a lo largo de los últimos años y al que no se le ha prestado la atención adecuada por parte del anterior gobierno. El problema, básicamente, reside en una mala regulación del sector. El Gobierno anterior aumentó la remuneración a las empresas eléctricas sin fijar exigencias de inversión ni de calidad del suministro y; cuando llegó a fijarlas, se olvidó de establecer sanciones por su incumplimiento.

Mientras tanto, las Administraciones autonómicas tratan de de paliar esta situación, dentro del ámbito de sus competencias, abriendo expedientes y sancionando a las empresas para exigirlas un saneamiento de sus redes y poniendo a disposición de los usuarios, como ha hecho la Junta de Andalucía, sus servicios para facilitar las reclamaciones y las futuras indemnizaciones a que tienen derecho. Hace exactamente un año la Junta de Andalucía abrió expediente sancionador contra Sevillana-Endesa en las ocho provincias andaluzas por falta de revisiones e insistía en su petición al Gobierno y a Sevillana- Endesa en la necesidad de inversiones suficientes para garantizar el suministro en todo el territorio andaluz. El gobierno andaluz ha exigido reiteradamente a Sevillana-Endesa un plan de inversiones y de medidas excepcionales en todas sus subestaciones, centros de transformación y líneas de distribución. El plan de folio y medio que finalmente ha presentado la compañía constituye una burla no sólo a la Junta de Andalucía sino a todos los usuarios andaluces

Isabel Pozuelo Meño es diputada por Sevilla y Portavoz de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados.