Profesores de la UGR analizan los obstáculos a las reformas educativas

El sistema educativo español se encuentra en perpetua reforma. Los últimos hitos de este proceso, la promulgación de la LOGSE y la LOPEG (que regula el gobierno y la evaluación de los colegios) se han topado con la resistencia de profesores, padres y otros actores del sistema. La supervivencia de estructuras educativas incompatibles con esas reformas, la apuesta porque el alumno tome decisiones en su propio proceso de aprendizaje y la falta de evaluación de los centros por parte de la administración, son las principales barreras al buen fin de estas reformas, según el estudio realizado por José Luis Arco-Tirado y Juan Miguel Fernández, profesores del departamento de Psicología Evolutiva de la Universidad de Granada.

Los autores se basan en un estudio de la Consejería de Educación para demostrar que las últimas reformas no han conseguido los resultados que buscaban. El informe, realizado en 1998, encontró disparidades entre los nuevos planes de estudio y la aplicación "intuitiva y no sistemática que muchos profesores hacían de ellos" en las aulas. El estudio de la Junta reveló que el 63% de los miembros de la comunidad educativa (profesores, estudiantes, padres y administraciones) desconocían los criterios para la evaluación interna de los colegios y un tercio de los centros no había revisado su plan de estudios de acuerdo a los criterios de la ley.

Los investigadores de la Universidad de Granada achacan parte de la responsabilidad a la propia LOGSE, que según Arco-Tirado, aplica un modelo educativo en el que el alumno toma decisiones sobre su propia formación, algo que "sólo tiene sentido en la Universidad, pero no en primaria ni en secundaria donde los estudiantes tienen que estar tutelados". Arco-Tirado asegura que ese modelo fomenta la inmadurez y autocomplacencia de los escolares en vez de motivarlos para aumentar su interés por los estudios.

La LOGSE y la LOPEG daban un papel fundamental a los padres como actores del sistema educativo con su presencia en las Asociaciones de Padres de Alumnos (APA) y Consejos Escolares, organismos en los que, sin embargo, sólo participan un 15%. "Ni los profesores, ni las administraciones han tomado iniciativas para aumentar su implicación, lo que es fundamental para la democratización del sistema", asegura Arco-Tirado.

Pero el principal problema, según los investigadores, es la falta de estudios de seguimiento y evalucación que permitan tanto al ministerio como a las consejerías de Educación orientar esas reformas.

"Las administraciones deben implicar más a los padres, ya que los profesores no pueden asumir totalmente la responsabilidad de la educación", propone Arco-Tirado. "Los docentes deben recibir formación para mejorar su actitud en clase y aprender a usar las nuevas tecnologías. Los responsables políticos deben comprobar después que esos conocimientos se aplican efectivamente en las aulas", añade. La Universidad debe jugar un papel fundamental en las futuras reformas. "Es necesario fomentar proyectos de investigación que averiguen los elementos del sistema educativo que deben ser adaptados a las necesidades de la población", concluye el estudio.