Movilización contra la delincuencia

La gigantesca manifestación contra la delincuencia y la impunidad desarrollada ayer en la capital de México fue encabezada por deudos de los secuestrados y asesinados y familiares de las muertas de Ciudad Juárez. Rescatemos a México, animó la pancarta del arranque. Unas 300.000 personas participaron en la que probablemente fue la mayor marcha organizada por la sociedad civil. Imparable la rabia, espoleada por el reciente asesinato de dos hermanos de origen español pese al pago de un rescate de medio millón de dólares, el Gobierno y el Congreso optaron por apoyar la marcha. El reciente secuestro, violación y asesinato de una chica de 26 años fue ya inaguantable.

Los diez mandamientos redactados por los organizadores del aldabonazo ciudadano, cerca de 80 grupos, establecen que ninguna denuncia podrá archivarse sin el consentimiento de la víctima, y piden profundas reformas y purgas policiales, judiciales y penales. El decálogo fue trasladado a las autoridades. El hartazgo frente a una impunidad cercana al 99%, la impotencia ante la saña y el atrevimiento del hampa carburaron la concentración, mucho más numerosa que la movilización del año 1998. "Por fin reaccionamos. Estoy emocionada", subrayaba Carmen Díaz, a cuyo hijo, de 14 años, le cortaron las orejas para apremiar el pago de rescate.

El alcalde atribuye la marcha a maniobras contra sus aspiraciones presidenciales

La cúpula empresarial, los movimientos contra la delincuencia y miles de voluntarios prepararon una concentración que discurrió por las principales avenidas de Ciudad de México, una metrópoli de más de 20 millones de habitantes, jaqueada por el delito. Adentrarse entre los manifestantes, escuchar sus razones, significó ayer una inmersión en la desesperanza y la rabia. Todos querían contar su caso.

"A mí me asaltaron cinco veces. Denuncié dos, pero nada. En uno, enfadados porque no consiguieron el dinero que esperaban, me dieron un balazo en el pie", señala Arturo García, consejero del Club España. Directivos de centros regionales defendieron a la embajadora española, Cristina Barrios, apercibida por la cancillería mexicana por "no utilizar los canales diplomáticos" para comunicar la preocupación de la colonia. "Dejémonos de tecnicismos. Cumplió con su obligación con nosotros", subrayaron algunos de los presentes en la avenida de la Reforma, rumbo hacia El Zócalo, la plaza principal de México.

Ejecutivos de agencias de viajes pidieron a sus colegas de España y de otros países que no magnifiquen el problema, que no asusten a los potenciales turistas hacia un país sobrado de patrimonio cultural y físico, mayoritariamente hospitalario y en paz, agregaron, y comprometido contra las lacras. Pero las estadísticas de la crónica negra, reunidas en titulares y cruces, espantan y tienen un efecto expansivo. El secuestro de 3.200 personas en el año 2000 deparó a las mafias 900 millones de dólares de botín, según un estudio de la Cámara de Diputados. El pasado año sufrieron la misma suerte medio millar, admitidos oficialmente, y más de 3.000, de acuerdo con datos de empresas de seguridad.

El populista alcalde de la capital federal, Andrés Manuel López Obrador, del opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD), izquierda, atribuyó la movilización a maquinaciones de la derecha contra sus aspiraciones presidenciales en el año 2006. "Es indignante. Su paranoia no tiene límites", protestaba la madre de un joven asesinado en el año 2001. Los supuestos conjurados, según el regidor, quieren presentar a Ciudad de México como una jungla ingobernable. El ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, cobró cuatro millones de dólares por un recetario de 146 puntos que fracasó. Sólo entró en vigor el botón del pánico instalado en los microbuses de algunas líneas para alertar sobre su asalto.