"No se pueden sacrificar derechos básicos para proteger la seguridad nacional"

Wendy Patten es la directora de campañas para Estados Unidos de Human Rights Watch (HRW), una ONG que vela por el cumplimiento de los derechos humanos en más de 70 países. Patten, que es abogada de profesión, ha analizado con lupa las políticas y las leyes relacionadas con la seguridad y los derechos humanos que el Gobierno de George Bush ha llevado a cabo en Estados Unidos después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. La activista estuvo ayer en Barcelona para participar en una sesión de la última jornada del diálogo Hacia un mundo sin violencia.

Pregunta. ¿Podríamos decir que los derechos humanos han sido víctima de la lucha contra el terrorismo emprendida por el Gobierno de Bush tras el 11-S?

"Bush ha ampliado sus poderes y eso está socavando la estructura de nuestra democracia"

Respuesta. Hemos visto una serie de prácticas llevadas a cabo por el Gobierno estadounidense que han erosionado algunos derechos básicos. Se han ampliado los periodos de detención y se han recortado las posibilidades de supervisar estos procesos. También se ha limitado el poder del Congreso, que además de ser el órgano que aprueba las leyes, también tiene la función de controlar lo que hace el Ejecutivo. El Gobierno de George Bush ha ampliado sus poderes al mismo tiempo que ha limitado el papel constitucional del Congreso y de los tribunales. Esto está socavando la estructura básica de nuestra democracia constitucional.

P. ¿Cómo afecta todo esto a la ciudadanía?

R. La primera ley que aprobó el Congreso pocas semanas después de los atentados del 11-S fue la Patriot Act. La ley tiene una serie de disposiciones que nos preocupan, porque no hay garantías de que si se aplican se protejan los derechos humanos. Hay una disposición que permite al Gobierno recopilar información tanto de los ciudadanos estadounidenses como de los que no lo son. Se puede recoger información de las bibliotecas y de los centros médicos, entre otros. Pero resulta que nadie controla que sólo se haga con las personas sospechosas de terrorismo. No se distingue a las personas sospechosas de las que no lo son y esto no ayuda al Gobierno a combatir el terrorismo.

P. ¿Cómo ha reaccionado la sociedad estadounidense?

R. Desde que entró en vigor la Patriot Act, la sociedad civil se ha movilizado aprobando resoluciones para condenar esta ley o para decir que no colaborarán con ella. Hay mucha gente que dice que no se pueden sacrificar los derechos básicos para proteger la seguridad nacional. Debe haber un equilibrio. Pero también tengo que decir que a finales del año pasado se empezaron a revisar algunos de los puntos de esta ley. Esto es muy importante, porque justo después del 11-S era muy difícil hacer que el Congreso se enfrentara a las medidas antiterroristas del Gobierno. Sin embargo, algunas de las disposiciones más controvertidas no provienen de esta ley, sino de los poderes que el Gobierno se ha autoadjudicado.

P. ¿Puede dar algún ejemplo de ello?

R. Tras el 11-S se detuvo a centenares de inmigrantes, los llamados "detenidos de especial interés", y no sabemos exactamente cuántos fueron. El Gobierno sólo dijo en noviembre de 2001 que en las semanas siguientes a los atentados se detuvo a 1.200 personas, 766 de las cuales no eran ciudadanos estadounidenses. Después de noviembre ya no dio más cifras. Human Rights elaboró un informe titulado Presunción de culpabilidad en el que reveló una serie de abusos: detenciones prolongadas -de hasta cuatro meses-, irregularidades con el derecho a tener un abogado de oficio, negación de la libertad bajo fianza y también casos de abusos físicos y verbales. Y todo esto se llevó bajo una política de absoluto secretismo. Se llevó a cabo la deportación de 600 personas totalmente en secreto, incluso para sus familiares.

P. ¿El 11-S marca un antes y un después en los temas relacionados con los derechos humanos en Estados Unidos?

R. Realmente el 11-S marca un punto de inflexión en el modo en que entendemos los derechos humanos y los estándares legales que los arropan. Después de los atentados, mucha gente en Estados Unidos dijo que los derechos humanos tenían que sacrificarse para proteger la seguridad nacional y que las leyes vigentes ya no servían para hacer frente a la nueva amenaza que suponía Al Qaeda. Y dejaron que el Gobierno de Bush decidiera cuáles eran estas nuevas normas. Pero a medida que ha pasado el tiempo, se ha producido un debate interno sobre cómo puede el Gobierno proteger tanto la seguridad nacional como los derechos básicos de las personas. Creo que la próxima semana podremos observar mejor cuál es la opinión de la gente, porque el Tribunal Supremo tiene que decidir si los tribunales estadounidenses son competentes para juzgar a los detenidos en Guantánamo. El Gobierno de Bush siempre ha jugado con el hecho de que los detenidos no tenían derecho a un juicio porque estaban fuera de la competencia jurídica de Estados Unidos.

P. ¿Qué opina Human Rights Watch de las torturas de Irak?

R. Desde 2002 llevamos diciendo que estamos muy preocupados sobre las técnicas de interrogación en las prisiones. Cuando vimos las fotos no nos sorprendimos, ya que son la consecuencia lógica de las decisiones del Gobierno de Bush. Nosotros hemos documentado cómo el Gobierno creó el clima para que ocurriera lo que ocurrió en la prisión de Abu Ghraib. Estas fotos demuestran que si no se respetan las normas básicas de derechos humanos, la habilidad para hacer frente al terrorismo disminuye. Si recortamos estos estándares, estamos recortando a largo plazo nuestra habilidad para luchar contra el terrorismo.