Alegres, pero preocupados

El congreso del Partido Socialista que se celebra el próximo fin de semana será, sin duda, un acontecimiento alegre, marcado por el éxito electoral; pero también un congreso preocupado porque, se hable en público mucho o poco del tema, en la práctica todos los delegados y responsables territoriales del partido saben que el modelo autonómico que vaya a defender el PSOE en esta legislatura será, junto con la situación económica, la auténtica llave, o el cerrojo, de futuras victorias. Los cuatro años que afronta la dirección del Partido Socialista son especialmente difíciles, pero también muy interesantes. Las circunstancias, y el reparto de fuerzas, han hecho que en esta legislatura se abran expectativas de cambio en la organización territorial del Estado, reclamadas por sectores catalanes y vascos, aunque con interpretaciones diferentes Muchos dirige

La polémica sobre el grupo del PSC, que dejaría al PSOE como la segunda fuerza del Parlamento, no llega activa a la asamblea socialista, pero sólo está enfriada

ntes políticos, incluidos algunos socialistas, como Pasqual Maragall, están además firmemente convencidos de que ésta es la ocasión, el ahora o nunca, de adecuar la forma del Estado a su propia concepción de España. Ese convencimiento introduce un punto de urgencia y de exigencia que puede hacer complicadas las relaciones con el Gobierno de Madrid.

Casi todo el mundo en el PSOE cree que, más importante que las relaciones con el PNV, será concretar los márgenes de negociación con el PSC para la reforma del estatuto de Cataluña. Esa negociación (que tendrá lugar, sin duda, en los próximos meses) será la auténtica piedra de toque de todo el proceso. Muy pocos dirigentes socialistas quieren, sin embargo, que ese tema llegue al congreso del partido. "Ahora importa mucho renovar nuestro compromiso de diálogo y reiterar los acuerdos de Santillana y el programa electoral, pero sin abrir un debate interno sobre ese asunto", asegura un dirigente nacional.

El presidente de la Generalitat (y presidente del PSC), que probablemente conoce esa realidad, no ha querido, pese a todo, dejar pasar la ocasión sin recordar que el asunto está sobre la mesa. Sus declaraciones reclamando un grupo parlamentario para los 21 diputados del PSC deben inscribirse en ese plano de "activista político" que tanto le gusta. Maragall sabe perfectamente que la creación de ese grupo dejaría al del PSOE como segunda fuerza de la Cámara por detrás del PP (141 diputados, frente a 148 populares). Posiblemente no le parece un coste excesivo, pero no todos comparten su análisis. El secretario general del PSC, José Montilla, ministro de Industria, ha hecho otros cálculos, por lo menos de momento, y ha ayudado a cerrar la polémica para que no llegue viva al congreso. Sin embargo, el tema, según reconoció el ministro, no está cerrado, sino enfriado.

Competencias exclusivas

Todo parece más claro desde el punto de vista de las relaciones con el PNV. El firme rechazo que provoca el plan Ibarretxe entre los socialistas no ha impedido que se hayan restablecido las relaciones institucionales. El apoyo en el Senado del PNV (y de CiU) a la ley de estabilidad presupuestaria del Gobierno evitó esta semana que el PP pudiera tumbarla y obligara a reenviarla al Gobierno, provocando la primera crisis política de Rodríguez Zapatero. La difícil negociación en el Senado, protagonizada por Alfredo Pérez Rubalcaba, pasó inadvertida, pero ha sido una de las más importantes desde que se abrió el nuevo Parlamento.

Restablecidas las relaciones con el Gobierno vasco, el problema cara al futuro estriba en la oferta alternativa que pueda formular José Luis Rodríguez Zapatero y en la reacción que provoque en otras comunidades. En algunas de ellas, por ejemplo, se ha recibido con disgusto la posibilidad de que se acepte que el País Vasco deje de pagar a la Hacienda del Estado 32 millones de euros del cupo fijado para este año, por considerar que otras autonomías financiadas por el régimen general han recibido fondos especiales para equilibrar su gasto sanitario. La cuestión, afirman algunos especialistas, es que ya existe un desequilibrio a favor del País Vasco sin necesidad de un nuevo recorte del cupo. En estos momentos, si cada cama hospitalaria del régimen general se financia con un módulo determinando, la misma cama en el País Vasco recibe 1,6 módulos.

Al margen de cuestiones puramente económicas, queda por ver también si la alternativa que plantea Cataluña y que podría ofrecerse al País Vasco incluye la transferencia de algunas materias que ahora son competencia exclusiva del Estado, pero que, de acuerdo con el artículo 152 de la Constitución, pueden ser transferidas a las comunidades autónomas. Sin embargo, esas tranferencias no se pueden hacer a través de la reforma de los estatutos, sino de una ley orgánica específica, que debe ser aprobada por mayoría absoluta en el Congreso y que previamente debe recibir el dictamen consultivo del Consejo de Estado.