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Reportaje:

Debate de coincidencias

Socialistas y populares pugnan por tomar la iniciativa política y marcar el rumbo al principio de la legislatura

Lourdes Lucio

"¿No dicen que copiamos? Pues entonces no habrá ningún inconveniente en que se aprueben nuestras propuestas". El portavoz parlamentario del PP, Antonio Sanz, no niega con esta respuesta el evidente parecido de parte del contenido de lo que llaman 20 propuestas para la transparencia de la vida pública, presentadas por el líder del PP, Javier Arenas, el 20 junio, con lo que dejaron dicho y escrito antes el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, en su debate de investidura el 20 de abril, el programa electoral del PSOE, responsables institucionales socialistas o la propia normativa y reglamentos vigentes.

La comparativa recogida en el cuadro adjunto de las iniciativas del PSOE con las planteadas posteriormente por el PP para revitalizar la vida pública reflejan una clara semejanza, lo que sin duda facilitará el acercamiento de posiciones en las negociaciones que mantienen los grupos parlamentarios.

La principal novedad del documento del PP alude a la reforma de la ley de Publicidad Institucional con el fin de que el Gobierno informe de manera periódica y detallada al Parlamento de sus campañas, una iniciativa que el PSOE considera válida, según afirma el portavoz del grupo socialista, José Caballos. Distinta opinión mantiene sobre la propuesta de que la presidenta del Parlamento amoneste públicamente a los consejeros cuando éstos no contesten a las peticiones de información de los diputados.

En cuanto a la aprobación de un código ético de conducta para la vida pública, aparentemente ambas iniciativas tienen muchas coincidencias, aunque en opinión del portavoz del Gobierno andaluz, Enrique Cervera -quien sostiene que parte del informe del PP "calca palabra por palabra" a Chaves-, la del PP es "manifiestamente restrictiva".

La idea del Ejecutivo es que los ciudadanos conozcan a golpe de un clic en Internet lo que ingresan por todos los conceptos los diputados y altos cargos de la Junta de Andalucía y también los "rendimientos de capital y patrimonio", algo a lo que no parece muy dispuesto el PP, que en su documento matiza: "No podrán publicarse datos que afecten a la seguridad de las personas".

Para Caballos el informe popular "es un batiburrillo para dar sensación de que se tiene una iniciativa" y responde a la táctica del "arenismo fotogénico para rellenar espacio y el Parlamento de papel". Para Javier Arenas forma parte "de una catarata permanente de propuestas en positivo", ya que el PP "tiene la obligación de llevar la iniciativa política", aseguró el pasado lunes ante el máximo órgano entre congresos de su partido.

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En las palabras de ambos está la clave de lo que persiguen sus organizaciones. Para cualquier partido tomar la iniciativa, marcar el ritmo y el rumbo de los debates son tareas básicas a lo largo de una legislatura ya que de cómo perciban y valoren los ciudadanos su labor en esos cuatro años se producirá un reflejo en las urnas.

Por ahora, la delantera la ha tomado el PSOE. Primero fue Manuel Chaves al convocar a los líderes de la oposición para consensuar en el Parlamento cinco cuestiones: reforma del Estatuto de Autonomía; código de conducta para los cargos públicos; paridad de sexos en política; ley de creación del Consejo Audiovisual, y elección del director general de RTVA por el Parlamento.

Propuesta que detalló más tarde en el Parlamento el grupo socialista que amplió el paquete que denomina de "impulso democrático" a tres asuntos más: las reformas del Reglamento de la Cámara y del Consejo Consultivo y las iniciativas contra el transfuguismo.

Prioridades

Desde que Javier Arenas retornó a la presidencia del PP de Andalucía, dos han sido sus mensajes: insuflar ánimos a su decaída tropa -tras perder los populares por 18 puntos de diferencia frente al PSOE en las elecciones autonómicas del 14 de marzo, resultado que volvió a cosechar en las europeas del 13 de junio- e intentar subrayar el perfil de alternativa de gobierno, no sólo de oposición.

Ya en 1994, Arenas ensayó una fórmula similar que en el día a día trasladaba a la opinión pública a partir de propuestas enumeradas en cifras redondas, decálogos y gobiernos en la sombra.

La dificultad para el PP a la hora de ejercer la oposición estriba, entre otras cuestiones, en que su presidente regional es extraparlamentario, lo que le deja fuera de la mesa de negociación abierta por el PSOE con todos los grupos para abordar el paquete de medidas de "impulso democrático" y la reforma del Estatuto.

La prioridad para los socialistas es constituir antes del 30 de junio la ponencia que abordará en el seno de la Comisión de Desarrollo Estatutario la reforma, grupo integrado por tres representantes del PSOE (José Caballos, Luis Pizarro y Antonio Moro); dos del PP (uno de ellos será Antonio Sanz); uno de Izquierda Unida (Antonio Romero); y uno del Partido Andalucista (Antonio Ortega).

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