Cuatro grupos pugnan por el fondo de pensiones para los funcionarios

El Ministerio de Administraciones Públicas, cuyo titular es Jordi Sevilla, comunicó ayer a BBVA, La Caixa, Banesto-Fonditel y Caser que estaban preseleccionados para la adjudicación del fondo que gestionará las pensiones complementarias de 530.000 funcionarios y que partirá con 55 millones de euros. De las siete entidades presentadas, Sabadell, Caja Madrid y Popular se han quedado fuera. Las seleccionadas en esta primera criba deberán presentar la próxima semana su propuesta a la Comisión Promotora (formada por 11 representantes de la Administración y otros 11 de los sindicatos) que elegirá el ganador.

La próxima semana, BBVA, La Caixa, Banesto-Fonditel y Caser presentarán su oferta definitiva y en los siguientes días, la Comisión Promotora del plan de empleo de funcionarios -formada por 11 representantes de la Administración y otros 11 de los sindicatos (CC OO, UGT y CSI-CSIF)- dará a conocer el ganador de esta iniciativa de crear un plan privado de pensiones para los funcionarios, acordado en noviembre de 2002.

Una gestión que parte con un modesto volumen de 55 millones de euros -tocan a unos cien euros por funcionario- que aportará el Estado y que supone el 0,5% de la masa salarial de los funcionarios. No hay compromisos a más largo plazo y cada año la cuantía que alimente este plan será fijada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Pero si a ese dinero inicial se suma la revalorización de la inversión, las aportaciones de los sucesivos ejercicios y las propias aportaciones que podrán hacer los funcionarios a título personal, el negocio de gestionar estas pensiones privadas resulta mucho más atractivo.

Fuentes de las entidades no creen sin embargo que este negocio sea muy suculento, ya que los planes de empleo tienen limitadas sus comisiones y gastos (administrativos, compraventa de valores en los mercados, etcétera), que nunca podrán superar el 2,5% anual del patrimonio. No obstante, el coste de la gestión será una de las claves en el proceso para elegir una u otra entidad.

Negocio inducido

También habrá un negocio inducido, ya que se trata de un colectivo que, junto a fuerzas armadas y Guardia Civil, reúne a cerca de 530.000 trabajadores que disfrutarán, de esta forma, de un complemento a sus pensiones públicas.

Eso sí, deberán estar en activo a fecha de mayo de este año y tener más de dos años de permanencia. Luego, se distribuirá a cada funcionario según los criterios fijados en las especificaciones: 75%, en función del grupo profesional, y el 25%, en razón de los trienios devengados, una cuantía fija por trienio devengado igual para todos los grupos.

Como cualquier plan de pensiones, ofrece ventajas fiscales para el partícipe (deducciones en el IRPF). Éstos sólo podrán recibir el dinero en caso de jubilación, fallecimiento o invalidez, aunque se prevé su disposición en caso de enfermedad grave y desempleo de larga duración.

También se contempla la posibilidad de renunciar al plan, y se establece un plazo de dos meses desde la comunicación de la puesta en marcha del plan. Considera igualmente la opción de mover el dinero del plan a otra Administración pública o empresa si el partícipe se marcha.

La Comisión Promotora tendrá muy en cuenta, a la hora de elegir gestora y depositaria del plan, la infraestructura que permita dar servicio a un colectivo tan amplio y tan diseminado por toda la geografía nacional.Fuentes de los concursantes apuntan que ésta será una clave determinante en la elección, de ahí que hayan acudido entidades con amplia presencia en todo el territorio. Esta Comisión se convertirá, una vez designado el gestor, en Comisión del Control del plan de empleo.