El Gobierno pedirá todas las direcciones técnicas si la financiación es sólo estatal

La reunión del Consorcio se presume larga y densa de contenido. Es el primer consejo al que se incorporan los cuatro representantes del nuevo Gobierno central y además de dar luz verde a las licitaciones de las obras más urgentes se hablará ineludiblemente de la financiación, que la alcaldesa, Rita Barberá, elevó a 1.600 millones de euros, casi el triple de lo que en un principio pidió al anterior vicepresidente del Gobierno, el popular Rodrigo Rato. La propuesta de la alcaldesa al entonces vicepresidente era financiar las obras necesarias para la celebración de la regata con una operación inmobiliaria. Concretamente, la construcción de una marina residencial de lujo en los terrenos del puerto.

El nuevo Gobierno central espera que las administraciones local y autonómica, socios mayoritarios del Consorcio -ambas suman el 60%- reconsideren su posición inicial -el pago de su parte del canon a la empresa ACM- y aporten más al proyecto, como sucedió en la organización de otros eventos como las Olimpiadas de Barcelona de 1992, donde un holding sacó adelante el proyecto y su financiación. De lo contrario, si se confirma la negativa del Ayuntamiento y la Generalitat a desembolsar algo más que el canon a ACM, y es el Estado quien corre con los gastos del acontecimiento, éste exigirá el control del proyecto.

En este caso, el Ejecutivo central exigirá la designación de todas las direcciones técnicas relacionadas con las obras y la organización del evento, si bien tendrá que pactarlo con los otros dos socios, que ya disponen de un director general del consejo rector, José Salinas, y de otros responsables de área.