370.000 dramas por la burocracia

Bouchra Graoui no verá a su esposo este año. Sus tres hijos tampoco podrán jugar con su padre. Y su madre y su hermano se quedarán sin visitar a sus familiares en Marruecos. Además, Bouchra corre el riesgo de perder el trabajo de camarera que le han ofrecido en un restaurante de Madrid. Este pequeño drama familiar es responsabilidad directa de la Administración española.

Bouchra nació en Salé (Maruuecos) hace 30 años. Emigró porque el salario de su marido, funcionario penitenciario, no llegaba a fin de mes. Desde hace cuatro años vive en Madrid con su madre, su hermano y sus tres hijos: una niña de seis años y dos gemelos de dos años. Las dos mujeres mantienen el hogar: Bouchra limpia casas y su madre cuida de unos niños españoles. Los papeles de toda la familia están en regla... En teoría. Porque el permiso de residencia y trabajo de Bouchra y las tarjetas de residencia de sus dos hijos pequeños, nacidos en España, caducaron el 15 de mayo. Bouchra presentó la solicitud de renovación en la comisaría de Alcobendas (Madrid). Pero allí el atasco de expedientes es tal que le han dado cita para el 16 de noviembre. Al menos hasta esa fecha, la mujer y los niños están en situación de irregularidad técnica o sobrevenida.

Cada año, por estas fechas, toda la familia viaja a Marruecos para pasar las vacaciones. Pero, como sus papeles están caducados, este año necesitan un permiso de retorno, que debería expedir el mismo organismo colapsado. El resto de la familia tampoco podrá irse, pues deben ayudarla a cuidar de los niños. Por si fuera poco, el empresario que le ofreció un empleo de camarera se resiste a cerrar el contrato sin papeles en regla.

Leontin M., rumano, en la treintena, trabaja desde hace más de tres años como peón forestal en Vizcaya y Álava. Hasta hace año y medio todo le iba más o menos bien. Tenía un contrato de seis meses renovable, permiso de residencia, amigos de su mismo país y una familia a la que pensaba traer al pueblo vizcaíno de Zalla. Sin embargo, de pronto, su vida adquirió tintes de pesadilla. "Se trataba de un puro trámite. Presenté todos los papeles en regla; me dijeron que me responderían antes de tres meses, pero no lo hicieron", cuenta. Cuando la empresa fue a la Seguridad Social a darle de alta y explicó el caso, la respuesta del funcionario fue desalentadora. No podía formalizarle su situación porque si no había habido respuesta administrativa se daba por hecho que era negativa. "Fue como si me dijeran que les estaba engañando, que escondía el papel en el que me negaban el permiso", recuerda.

De nada valió que insistiera en que el silencio burocrático jugaba a su favor, ya que pasados tres meses se entiende que la respuesta es favorable. Su situación es oficialmente regular, aunque todo indica lo contrario. "Al final, está interviniendo un abogado de la empresa y parece que todo va a salir bien", musita. Y no quiere ni pensar qué ocurrirá cuando tenga que volver a iniciar la renovación para el próximo contrato.

"Llegué a España el 20 de abril de 2002 para reagruparme con mi familia", explica Victoria Popescu. Emigró de Rumania hace dos años, para reunirse con su marido que ya vivía en España. Victoria explica en un español muy correcto que consiguió "la primera tarjeta de residencia hace un año". Pero caducó el 14 de junio. El primer paso que dio fue acercarse hasta la Delegación del Gobierno de Barcelona. "No me dejaron ni siquiera preguntar, me dijeron solamente: 'llama". Y eso hizo: "Yo misma llamé el día 5 de mayo, con más de un mes de antelación, para conseguir una cita previa para la renovación. Sin embargo, me la dieron para el 12 de diciembre, seis meses después de la fecha en que caduca mi permiso".

"Como ahora no trabajo, puedo quedarme en casa tranquilamente y no me afecta tanto", dice. Sin embargo, la tarjeta de su marido, que es el que lleva el dinero a casa, caducó el mismo día, por lo que teme no poder seguir trabajando. "Me da mucha rabia que cuando le caduque la tarjeta no tenga ningún resguardo para su empresa. Así, nadie puede saber si él tiene o no tiene una cita en la oficina de Extranjería", se lamenta. "Tenemos un piso alquilado, y no sé cómo vamos a seguir pagándolo. A partir de este mes no sabemos qué vamos a hacer".

Hace varias semanas una empresa de orfebrería valenciana contactó con Mourad Gemí para ofrecerle trabajo. Pero no pudo conseguirlo. Desde que a este argelino de 32 años le venció su contrato por obra en una firma de montaje industrial está en el paro. El permiso de trabajo y residencia le caducó el 12 de marzo y, pese a que en febrero se puso en contacto con la Oficina de Extranjeros de Valencia para renovarlo, no le dieron cita hasta el 22 de junio. Entonces, tendrá que presentar la documentación para empezar a tramitar su solicitud. De momento, sólo tiene un justificante de la fecha de la cita, "pero con eso no se hace nada", comenta Empar López, abogada que asiste a Mourad desde un centro de atención a inmigrantes de la Mancomunitat de l'Horta Sud, en Torrent (Valencia).

López apunta que los retrasos en la oficina de Valencia a la hora de pedir la renovación se han reducido en los últimos dos meses. Aunque otras cuestiones no mejoran: "En los casos de reagrupación familiar dan cita para el 24 de noviembre".

Tras el nombre ficticio de Estrella se esconde una mujer argentina de 29 años que, desde hace dos años y medio, espera. Ha seguido todos los pasos que marca la ley, y ha pedido en dos ocasiones la renovación del permiso de residencia, aportando la documentación que acredita que dispone de una oferta de empleo, sin éxito. A pesar de la falta de papeles, trabaja por horas en un bar en Bilbao, porque su jefe es "una buena persona" y confía en ella. Pero, ¿hasta cuándo? "Tiene miedo; se la está jugado. Por eso, si yo veo que todo sigue así y viene un amigo y me dice 'Estrella, yo estoy dispuesto a casarme contigo para que arregles tu situación', acepto. Lo recomiendan hasta los abogados".

Estrella se aleja de todo lo que huela a lío como de la peste y camina como si se escondiera. Es una clandestina al borde del desempleo que sufre la ausencia de los afectos: "No puedo viajar a mi país. Allí están mi mamá, muy enferma, y mis cuatro hermanos. Ochocientos millones de veces he pensado en coger un avión. Pero, entonces, para qué todo el esfuerzo, tanto trabajo?".

Con voz queda, como si revelara un secreto, dice que le ronda el miedo y pregunta: "Y si les pasa algo muy grave a los míos, ¿qué hago? ¿Por qué no puedo tener lo que tiene cualquiera?".

Marila Llerena, ecuatoriana de 24 años, presentó la documentación para renovar su permiso de trabajo y residencia el 21 de marzo del año pasado en la Oficina de Extranjeros de Valencia. Quince meses más tarde, aún sigue esperando. "Calculo que la tarjeta me llegará hacia septiembre u octubre, o sea que me durará cinco meses como mucho". El segundo permiso tiene una vigencia de dos años, de forma que caduca el 21 de marzo de 2005; de ahí que, como se lamenta Marila, apenas podrá contar con él medio año.

Al presentar la solicitud le dieron un resguardo, pero "con eso no te dan trabajo". Así que no pudo dejar su empleo en una compañía de telefonía: se arriesgaba a encontrarse todas las puertas cerradas. En enero le llegó la notificación de que su solicitud había sido aceptada, lo que tampoco es una garantía. "Con este documento es muy difícil encontrar empleo, porque, pese a que debería ser suficiente, muchos empresarios desconfían y sólo te aceptan si entregas la tarjeta definitiva". Temen que el papel esté falsificado o que corresponda a otra persona y le pueda suponer un problema emplear a extranjeros sin documentación en regla.

Marila sigue esperando que le llegue la tarjeta definitiva, pero no se duerme. Ya está llamando a la oficina de extranjeros para renovar un permiso cuya tarjeta definitiva aún no le ha llegado: "De momento, si consigues que te descuelguen el teléfono, te dan fecha para diciembre", apunta. "Llamaré en un par de meses para coger turno y poder solicitar la renovación hacia final de marzo o principios de abril de 2005".

Hace más de un año, desde el 7 de mayo de 2003, que Solimán Zibouh, un marroquí de 36 años, solicitó en la oficina de extranjería la reagrupación familiar que debería permitir a su esposa, de 22 años, viajar hasta Almería. La mujer lleva un año esperando sola en Alhucemas, en una tienda de campaña de las habilitadas tras el fuerte terremoto ocurrido meses atrás que afectó a la población más humilde. "Yo tengo aquí a mis padres y a mis hermanos, pero ella está allí sin nadie. Cada vez que hablamos por teléfono se echa a llorar", explica Solimán. En UGT no encuentran explicación a su caso. Consideran que la esposa debió haber llegado a España a finales del pasado diciembre "como muy tarde".

Entre los papeles que hubo de presentar Solimán, que trabaja desde hace años en el mismo invernadero, estaba el informe de vivienda sobre una casa en la que vive alquilado desde hace años y que cumple las preceptivas medidas higiénicas, en la barriada ejidense de San Agustín. "Al principio pensé que el retraso podía deberse a ese informe. Pero el notario me dijo que estaba correcto. Lo único que puedo hacer es esperar y enviarle dinero a ella cada vez que puedo".

A veces le dan ganas de bajar las manos y dejar de luchar. "Si mi abuelo, que era de Ourense, se estableció en Argentina, ¿por qué yo no puedo vivir y tener papeles en España?", se pregunta P. R. M., un diseñador de páginas web argentino que lleva un año y tres meses esperando un permiso de trabajo. Llegó a Málaga hace cuatro años y mientras fue estudiante no encontró problemas. A sus estudios de diseño de interiores, realizados en Argentina, añadió un Curso de Formación Profesional sobre Desarrollo en Aplicaciones Informáticas. Las preocupaciones llegaron con el permiso de trabajo. Lo solicitó en 2003, año fatídico en el que muchos inmigrantes se han quedado estancados. "No sé si retirar la solicitud o esperar a que avance". Llama cada 15 días a las Subdelegación del Gobierno para preguntar qué hay de lo suyo. La contestación viene a ser siempre igual: "Está todo parado".

La abogada de la ONG le aconseja que pida el arraigo. La ley dice que para obtenerlo hay que tener parentesco con un español, pero no especifica que tenga que residir en España. "Dependería de la interpretación que haga el juez", cuenta. De momento, subsiste dando clases de tenis y diseñando páginas en Internet.

Con información de Jaime Prats (Valencia), María José López Díaz (Almería), Isabel Camacho (Bilbao), Max Hidalgo (Barcelona), Juana Viudez (Málaga) y Tomás Bárbulo (Madrid).