La patronal Cierval apoya que sea gratuita la autopista entre Castellón y Oropesa en verano

El presidente de la Confederación de Empresarios de la Comunidad Valenciana (Cierval), Rafael Ferrando, apuntó ayer que la liberalización de la autopista AP-7 entre las localidades de Castellón y Oropesa durante los meses de julio y agosto puede reportar repercusiones positivas para los sectores del turismo, el consumo y los servicios. Ferrando sostuvo que, en cualquier caso, habrá que tener en cuenta el cumplimiento de la ley y recordó que la AP-7 es una concesión pública en la que se deben respetar "los derechos adquiridos".

El presidente de la Cierval respondía así a la polémica abierta en Castellón tras la moción aprobada en el ayuntamiento de la capital de La Plana en la que se insta al Ministerio de Fomento a que elimine el pago de peaje entre la salida de Castellón y la de Oropesa.

El subdelegado del Gobierno en Castellón, Juan María Calles, ya apuntó la intención de estudiar la liberalización siempre que el Ayuntamiento corriera con parte del gasto que supone la medida. El equipo de gobierno municipal aceptó asumir su cuota para costear la liberalización, pero señaló que los fondos correspondientes se asignarían a de la deuda que el Estado mantiene con el ayuntamiento por el impago del IBI. Tal posibilidad no fue del agrado del representante del Gobierno en Castellón.

Rafael Ferrando terció ayer en el debate y recordó que no es la primera ocasión en la que se plantea la posibilidad de liberalizar el tramo de autopista entre Castellón y Oropesa.

Ferrando presidió ayer en Castellón la reunión del comité ejecutivo de la Cierval en la que se analizó la actual coyuntura económica internacional y su posible repercusión en la Comunidad Valenciana.

El presidente de la patronal autonómica apuntó que el posible repunte económico en Europa y la buena situación de Estados Unidos "vendrá bien para la Comunidad Valenciana y para la situación de algunas empresas, sobre todo de los sectores tradicionales, que podrían ver aumentadas sus exportaciones".

Si se mantiene la buena evolución económica internacional, Ferrando afirmó que la economía española puede finalizar el año dentro de las previsiones del Gobierno, "lo que serían un buen dato para la economía de la Comunidad Valenciana". Sin embargo, alertó sobre los problemas que podría ocasionar una subida del precio de la energía si el euro perdiera valor frente al dólar.

El comité ordinario de Cierval también trató la exclusión de Castellón entre las ciudades en las que se implantarán juzgados mercantiles. Ferrando lamentó el descarte porque "Castellón es una provincia con un nivel industrial destacado, con el sector cerámico, y otras actividades importantes que lo complementan".

El presidente de la Cierval también aludió a la posible repercusión del incremento de tarifas anunciada por los transportistas. Según sus estimaciones, algunos sectores ya tienen intención de repercutir el aumento de costes de transporte con una subida del 5% en sus productos mientras que otros asumirán, al menos, parte del sobrecoste.

La próxima derogación del trasvase del Ebro también salió a colación en el curso de la reunión de Cierval. Ferrando aseguró que "el Gobierno no tenía necesidad de derogarlo", y subrayó que la decisión es "meramente política". El presidente de la patronal autonómica reiteró que los empresarios considera "necesario" el trasvase.

Ferrando, finalmente, comentó que los recientes resultados electorales reflejan los deseos de la sociedad y solicitó "medidas" al Gobierno para difundir la importancia del Parlamento Europeo.