Solbes estudia crear una sociedad estatal para la Copa del América

La designación de Valencia como sede de la Copa del América de 2007 levantó el pasado noviembre grandes expectativas de inversión y desarrollo de la ciudad, que afronta el reto de organizar por primera vez una gran competición deportiva. De la mano de la regata más antigua, el Ayuntamiento y la Generalitat Valenciana, gobernados por el PP, así como las organizaciones empresariales auguraron que Valencia atraería millones de euros. Las previsiones hablaban también de la creación de 10.000 empleos. Pasados poco más de seis meses, la euforia se ha enfriado al anunciar el Gobierno central la posible creación de una sociedad estatal.

La financiación de las obras en el puerto para transformar la dársena interior en el epicentro de la competición está por decidir, y tampoco están definidas las inversiones para mejoras urbanísticas en la ciudad, cifras globales que alcanzan al menos 1.600 millones de euros. El tiempo apremia; este otoño se celebran las primeras prerregatas. El Gobierno ha garantizado la celebración del evento, pero estudia cambiar su gestión y crear una sociedad estatal que controle un proyecto que no cuenta con dotación en los Presupuestos Generales del Estado y al que Ayuntamiento y Generalitat no aportan fondos para las obras.

Valencia superó entre marzo y el 26 de noviembre de 2003 un proceso de selección entre más de 60 ciudades europeas para organizar la regata, cuyos derechos son propiedad de la empresa ACM, que actúa en nombre del último vencedor de la Copa, el barco Alinghi. Su dueño, el multimillonario suizo Ernesto Bertarelli, ganó el trofeo en Auckland (Nueva Zelanda) y asumió así la organización de la edición de 2007.

En la última fase de la carrera por la sede, se creó el Consorcio Valencia 2007, en el que participan el Gobierno, con un 40%, la Generalitat, con el mismo porcentaje, y el Ayuntamiento, con el 20% restante. Con el respaldo del organismo y el apoyo explícito del entonces ministro de Economía, Rodrigo Rato, el Ayuntamiento negoció el contrato con ACM, que se aseguró antes de tomar la decisión un canon de 90 millones de euros por los derechos de la competición y las infraestructuras necesarias para acoger previsiblemente a una decena de equipos participantes, cada uno de los cuales cuenta con un presupuesto de unos 100 millones de euros.

La organización de la Copa quedó en manos del consorcio, que sólo se ha reunido una vez. El puerto ha abordado el proyecto más urgente, la apertura de un nuevo canal -de medio kilómetro de largo y 80 metros de ancho- para dar una salida rápida al campo de regatas a los barcos competidores.

El canal está en la fase de adjudicación, pendiente de que se aclare su financiación y el Ministerio de Medio Ambiente emita una declaración de impacto sobre los diques de abrigo que lo culminan y que precisan de medidas correctoras para evitar la pérdida de arena en las playas de la Malvarosa. El plan de transformación de la dársena del puerto para los equipos de la Copa, o los proyectos para vender la imagen de Valencia en el mundo, no llegaron a presentarse antes de las elecciones generales de marzo.

La victoria socialista supuso un jarro de agua fría para Barberá y el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que habían convertido la Copa del América en su proyecto estrella. El PP no tardó en poner en duda el apoyo de los socialistas al evento y reprochó al Gobierno falta de diligencia por no nombrar hasta principios de junio a sus nuevos representantes en el Consorcio. Barberá pidió "calma y respeto" ante su inminente entrevista con el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, que se produjo el pasado martes.

Barberá pidió a Solbes 1.600 millones de euros para financiar todas las obras, 1.000 millones para la transformación del puerto y la fachada litoral y 600 para actuaciones urbanísticas. El vicepresidente segundo y ministro de Economía anunció que revisará la documentación entregada por Barberá y presentará en las próximas semanas un plan de financiación. Pero visto que Ayuntamiento y Generalitat no prevén mayor colaboración económica y que será la Administración central la que llevará el peso, el Ejecutivo baraja controlar el proyecto a través de una sociedad estatal.

La alcaldesa defiende que en estos meses no ha estado parada y que "hay mucho trabajo hecho". Sostiene que las obras del puerto pueden financiarse con una operación urbanística perfilada ya con el equipo de Rato. El plan consistiría en utilizar terrenos de uso portuario para levantar "una gran marina urbana" con zonas de ocio, servicios y viviendas.