Los 'ertzainas' no podrán ir a la huelga la jornada electoral

El Departamento de Empleo recordó ayer formalmente al sindicato de la Ertzaintza Erne que los policías no tienen reconocido el derecho de huelga. La central había comunicado el 28 de mayo a Empleo e Interior su intención de convicar un paro los días 13 y 30 de junio, el primero de ellos coincidiendo con la jornada electoral, por el bloqueo en la negociación del convenio colectivo, que lleva prorrogado dos años y medio. La consejería que dirige Joseba Azkarraga, de Eusko Alkartasuna, en una resolución notificada ayer, se niega a calificar de huelga la "acción que realicen" los agentes que secunden mañana el paro y recalca que en este caso "carece de competencias" para establecer "servicios esenciales a la comunidad".

Erne, que con esta doble convocatoria de paro pretende llevar la discusión sobre el derecho de huelga de los policías a los tribunales, acusó a Azkarraga de desentenderse "abiertamente de sus obligaciones, ya que en el momento en que decide no establecer los servicios mínimos está impidiendo la posibilidad de llevar a cabo la huelga" a los agentes.

El titular de Interior, Javier Balza, ya criticó a Erne en una carta, fechada el pasado 3 de junio, por intentar "buscar una solución responsable y dialogada a un conflicto laboral" con una huelga, que no quería calificar "puesto que [sus convocantes] conocen a la perfección la consideración que tal acto merece en la legislación vigente", segun consta en la misiva, a la que ha tenido acceso este periódico.

Erne interpretó ayer que el Gobierno "está negando en la práctica el derecho de huelga que viene constitucionalmente reconocido". Anunció que llevará el caso no sólo al Contencioso-Administrativo, sino que agotará todas la posibilidades legales hasta llegar al Tribunal Constitucional y al de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo.

La resolución del director de Empleo, Adolfo González Berruete, fechada el jueves pasado, no prohíbe como tal la jornada de huelga. De hecho, se niega en todo momento a calificarla así y habla de "la acción que realicen el día 13". Dedica la primera parte del escrito a enumerar la legislación vigente sobre huelga. Se da la circunstancia de que Empleo sólo resuelve sobre la primera convocatoria, la de la jornada electoral, pues aún deberá emitir otra resolución sobre la segunda convocatoria.

Empleo agrega en su escrito, de dos folios, que es de su competencia asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales en Euskadi en el caso de una huelga que afecte a "empresas, entidades o instituciones encargadas de la prestación de los servicios públicos", como es el caso de la policía. Recuerda después que la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de 1986, de aplicación a la Ertzaintza, señala que sus miembros "no podrán ejercer en ningún caso el derecho de huelga, ni acciones sustitutivas".

Empleo indica que la ley de Policía considera a la Ertzaintza un cuerpo de seguridad y "subsiguientemente afecta por tal prohibición". Esta catalogación sirve de argumento al director de Trabajo para considerar que la comunicación realizada por Erne el 28 de junio a Empleo e Interior "no constituye una comunicación de huelga". Se escuda en que el derecho de huelga no precisa de permiso o autorización, sino la mera comunicación, pero traslada la responsabilidad a los convocantes y, sobre todo, a los agentes que puedan secundar la huelga mañana, algo que está completamente descartado desde Erne. De hecho Empleo evita expresamente catalogar la huelga y habla de "la acción que realicen el día 13 de junio, las personas que secunden el llamamiento realizado por Erne" y recuerda que "el consejero carece de competencia para el establecimiento de servicios esenciales a la comunidad" en este caso.

Erne, que cuenta con el apoyo de Comisiones y UGT, le recuerda a Empleo que "no será posible" el ejercicio de la huelga "sin la previa adopción por parte de la autoridad laboral de los servicios mínimos". Dice que su comunicación de huelga "debe ser tratada como tal" y censura al Gobierno porque con su decisión no permite el "ejercicio de dos derechos claves" del trabajador: la negociación colectiva y la huelga.