La Junta Electoral lleva al juzgado la emisión de cuñas del PP en Ràdio 9 por posible delito electoral

La Junta Electoral Provincial ha enviado al juzgado el expediente sobre la emisión de cuñas pagadas de publicidad electoral del PP en Ràdio 9, adicionales a la publicidad emitida en los espacios gratuitos que la ley determina, para que depure responsabilidades por un posible delito electoral. Además, ha decidido descontar los 14 minutos emitidos bajo la fórmula de anuncios pagados del total de tiempo de que disponía el PP. Por otra parte, el consejo de administración de RTVV aprobó ayer la celebración de un debate entre el PP y el PSPV el día de cierre de campaña si la Junta Electoral lo acepta.

"Quieren colocarnos en el dilema del prisionero", le dijo Mazón a Villaescusa

El mismo debate que hace dos semanas Susana Camarero, miembro del consejo de administración de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) a propuesta del PP y miembro del comité de campaña de dicha formación, se negó a admitir en el diseño y reparto de los espacios electorales -posición en la que se manifestó igualmente el director general de RTVV, José Vicente Villaescusa- salió ayer adelante con los votos de los populares al tramitar en sesión plenaria una petición cursada por José Joaquín Ripoll, director de campaña del PP en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, la aprobación está sujeta al permiso de la Junta Electoral Provincial dado que la fórmula in extremis de proponer ayer un debate para que se grabe y emita mañana, día de cierre de la campaña electoral para las elecciones europeas que se celebrarán el domingo, está fuera de la ley.

Fue Glòria Marcos, consejera a propuesta de Esquerra Unida (EU), quien acudió con un estudio jurídico que demostraba la vulneración del precepto establecido por la LOREG (Ley Orgánica de Régimen Electoral General). El punto sexto de la instrucción del artículo 66 de la norma establece: "Los medios de comunicación de titularidad pública que durante los periodos electorales decidan emitir debates o entrevistas con representantes de las entidades políticas concurrentes a las elecciones, deberán ponerlo en conocimiento de la junta electoral competente con cinco días de antelación al inicio de la emisión de los debates y entrevistas". Materialmente resulta imposible.

Miguel Mazón, consejero a propuesta del PSPV, dijo a Villaescusa: "Quieren colocarnos en el dilema del prisionero, de manera que nos reprochen cualquiera de las decisiones que tomemos: decir que no porque puede haber una ilegalidad, con lo que parecería que rechazamos el debate; o atraernos a una posible vulneración de la ley". Y agregó: "El PSPV acepta, quiere y propone los debates, cuantos más mejor". Es por ello que los representantes del PP aceptaron la fórmula, ante la posibilidad de incurrir en un delito electoral al grabar y emitir un debate sin ajustarse a lo que establece la normativa en cuanto a tiempo, de enviar de forma urgente la solicitud a la Junta Electoral para que se pronuncie y no emitirlo si no da el visto bueno (lo que afecta a la grabación del mismo y a las cuñas publicitarias sobre el debate). A pesar de aceptar esa fórmula, tanto los representantes del PSPV como de EU votaron en contra de la propuesta original presentada.

Glòria Marcos explicó que la propuesta presentada ante el consejo "demuestra la instrumentalización sin pudor de la televisión pública en favor de intereses particulares, ya que hace dos semanas no querían ni oír hablar de debates en ninguna de sus formas". Pero además precisó que "la ilegalidad es múltiple, vulnera la LOREG en cuanto al tiempo establecido para comunicar la celebración del debate, en cuanto al tiempo porque añade unilateralmente una hora de espacio electoral que se reparten dos partidos, y en lo que se refiere al principio de neutralidad y pluralidad". La celebración del debate entre un representante del PP y uno de PSPV queda pues pendiente de la decisión de la Junta Electoral Provincial.

En lo que sí ha tomado ya una decisión ha sido respecto de la denuncia por las cuñas pagadas de propaganda electoral que Ràdio 9 ha venido emitiendo, cuya responsabilidad recae sobre el director de la emisora pública, Jesús Wolstein. Será él quien tenga que declarar ante un juez después de que la Junta Electoral acordara remitir el expediente por entender que se ha cometido "una infracción de las normas legales en materia de actos públicos de propaganda electoral" y que se deben "depurar las posibles responsabilidades en que se hubiera podido incurrir".