El secretismo de las oligarquías

Hace ya años, Roberto Michels, un sociólogo discípulo de Weber, acuñó una expresión que se ha hecho habitual para referirse a la tendencia de las organizaciones a concentrar el poder en unos pocos que están en la cima. Se trata de la llamada ley de hierro de la oligarquía (según María Moliner, oligarquía es la organización política en que el poder es ejercido por un grupo limitado de personas o una clase social). Este desplazamiento de poder de abajo arriba operaría como una tendencia inevitable, de ahí la utilización de la expresión "ley de hierro", en todas las organizaciones. Por eso se habla de la ley de hierro de la oligarquía sindical, de las grandes empresas, de los partidos políticos, o de las administraciones públicas. Pienso que esta ley nos permite entender mejor la tendencia de los gobiernos de CiU, conocida ahora en sus detalles, a financiar de forma oculta determinados medios de comunicación.

El análisis de Michels no pretendía ser tanto una crítica moral, como señalar un tipo de comportamiento predecible. Una tendencia, a su juicio, paradójica, porque, por un lado, las organizaciones son instrumentos esenciales para la democracia, en la medida en que sólo dentro de ellas es posible que muchas personas puedan hacer oír su voz y participar en la toma de decisiones. Pero, por otro lado, es difícil que puedan ser dirigidas por un número elevado de personas. De ahí, la posibilidad que tienen grupos reducidos de hacerse con el poder en beneficio propio.

Pero, aceptando que ese proceso sea inevitable, ¿cuál es el instrumento que acostumbran a utilizar esos grupos reducidos para fortalecer su poder? A mi juicio, el mecanismo más frecuente es el secretismo. Es decir, la restricción de la información sobre las decisiones que se llevan a cabo. El secretismo busca crear redes de intercambio de favores entre los que están en el poder y aquellos que desde fuera pueden ayudarle a mantenerse en él y, a la vez, beneficiarse de esa permanencia.

El secreto es fuente de poder para las personas que lo ejercen, especialmente cuando el liderazgo político y la legitimización social de la autoridad se ve debilitada por la permanencia continuada en el poder, o por los errores o abusos cometidos en su ejercicio. En este sentido, el secreto permite ocultar que el rey está desnudo.

El secretismo se ha intentado justificar en ocasiones como una condición para garantizar la eficacia del funcionamiento de las organizaciones. Se habla así de "razones de Estado". O de la "eficacia de los mercados", que se podrían ver desestabilizados por el conocimiento de ciertas decisiones. Pero el caso de los escándalos financieros y empresariales, del tipo de Enron, Parmalat o nuestra Gescartera, nos dicen bien claro que el secreto es un instrumento para ocultar errores y llevar a cabo prácticas depredatorias en beneficio propio de los dirigentes.

En el caso de las ayudas ocultas de los gobiernos de CiU a determinados medios de comunicación no consigo ver que ningún tipo de razón de interés general justifique el secretismo. No me opongo por principio a la concesión de ayudas públicas a determinadas actividades sociales, culturales o empresariales. En muchos casos, pueden estar justificadas. Aunque ha de existir un claro interés público detrás de ellas. Pero ese interés ha de ser valorado por los ciudadanos. Porque son ellos los que, en definitiva, pagan los impuestos de los que salen los recursos para financiar esas ayudas.

¿Cómo se puede prevenir o limitar esa tendencia oligárquica al secretismo? En primer lugar, dado que se trata de ayudas públicas a empresas que operan en mercados competitivos, habría que aplicar las normas de defensa de la competencia. No veo razones por las que la UE aplica esas normas a las ayudas públicas a los astilleros españoles, y no hemos de aplicárselas a la empresas periodísticas. No se trata sólo de controlar la legalidad de esas ayudas, sino de preservar el interés general que hay detrás de la competencia en el mercado informativo.

En segundo lugar, habría que aplicar también alguna suerte de política de defensa del consumidor. De la misma manera que existen normas de salud alimentaria que obligan a los productores a informar sobre los componentes incorporados a los alimentos, deberían existir normas de salud democrática que permitan a los ciudadanos saber quién está detrás de cada uno de los medios de comunicación que compramos, oímos o vemos. Para ello, lo que hay que hacer es poner transparencia donde ahora hay secretismo. La democracia necesita, más que ninguna otra cosa, luz y taquígrafos.

Dicen los médicos e higienistas que la luz del sol es un poderoso antiséptico contra un gran variedad de microbios y que, además, es un estimulante de la vitamina D. De la misma forma, la transparencia política es un poderoso antiséptico contra este tipo de corrupción blanca que practican las oligarquías, a la vez que un estimulante para el fortalecimiento de la democracia participativa dentro de esas organizaciones. Por eso aplaudo que el Tripartito aproveche el empuje moralizador de los primeros momentos de todo gobierno para introducir ese principio de transparencia que ha anunciado. Cataluña puede hacer una buena aportación en este terreno a la democratización de la vida política. Y no es que crea que la izquierda tiene el patrimonio de la ética y la moralidad (a la historia reciente me remito), sino que el cambio político permite la remoción de las oligarquías y de su proclividad al secretismo.

Antón Costas es catedrático de Política Económica de la UB.