El Consejo Audiovisual de Cataluña podrá revocar licencias a radios y televisiones

El Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) podrá revocar licencias concedidas por el Gobierno de la Generalitat a radios y televisiones. Así lo pactaron ayer por unanimidad los cinco grupos parlamentarios presentes en la ponencia que se ocupa de la reforma de las leyes del CAC y de la Corporación Catalana de Radio y Televisión (CCRTV) y de la elaboración de la futura ley del audiovisual.

En concreto, lo que suscribieron los integrantes de la ponencia fue que la nueva ley del CAC determine que los informes que emita este organismo a partir del momento en que la norma entre en vigor no sólo sean preceptivos -como lo son ahora-, sino también vinculantes a todos los efectos. Eso significa que, en el ámbito de competencia del CAC -los medios audiovisuales directamente gestionados por la Generalitat, los públicos y privados que emiten con licencia del Gobierno catalán y los programas específicos para Cataluña-, esta autoridad audiovisual podrá anular concesiones cuando considere que éstas vulneran la legislación, así como revocar renovaciones de licencias si también la incumplen.

Los grupos han introducido asimismo en la ley de reforma del CAC, cuya aprobación está prevista en el pleno que se celebrará el próximo 16 de junio, un redactado que refuerza la capacidad sancionadora del organismo en caso de incumplimiento de la normativa por parte de los operadores. Una vez aprobada esta ley, la ponencia tiene previsto abordar la elaboración de la ley del audiovisual y, posteriormente, la de reforma de la CCRTV.

Fuentes parlamentarias señalaron ayer que sus componentes han dejado la puerta abierta a que, tras la aprobación de la ley del audiovisual y, en función de cómo se desarrolle el debate, se pueda volver a retocar la ley del CAC para introducir, por ejemplo, que este organismo sea competente para conceder licencias a medios audiovisuales.

Primer paso

El acuerdo unánime para la reforma de la ley del CAC es el primer paso en la línea de renovación del modelo actual de la política audiovisual que el pleno del Parlament invocó por unanimidad en un debate monográfico en diciembre de 1999 y que, durante la pasada legislatura, con mayoría de CiU y PP, quedó encallada. Sólo se abordó la ley del CAC, que, en la práctica, acabó otorgando a este organismo unas competencias mermadas. El debate sobre las otras dos leyes quedó empantanado en el seno de la ponencia que debía elaborarlas coincidiendo con la ascensión de Artur Mas a conseller en cap, y, por tanto, a responsable último de la política audiovisual del Gobierno de la Generalitat.

En las semanas previas a la campaña de las últimas autonómicas, el Colegio de Periodistas elaboró un documento con propuestas concretas de cambio del modelo audiovisual catalán. El actual secretario general de Comunicación de la Generalitat, Enric Marín, miembro de la junta de gobierno de la entidad colegial, reprochó entonces a todos los partidos que hubieran "perdido cuatro años". Y resumió en dos las iniciativas que, a juicio del colegio, debería tomar con premura el nuevo Parlament surgido de las urnas: dotar de más competencias al CAC -habló a la sazón de capacidad para regular el mapa audiovisual, de conceder y revocar licencias y de nombrar a los responsables de las televisiones y radios públicas- y elaborar una nueva ley audiovisual.