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Sobreseída la denuncia del fiscal contra 15 vecinos de Pinto

La juez mantiene la causa contra el alcalde porque éste desea declarar

El Juzgado de Instrucción número 2 de Parla ha sobreseído parcialmente la denuncia que interpuso la fiscalía en enero contra el alcalde de Pinto, el socialista Antonio Fernández, y otras 15 personas. El juez ha sobreseído la causa provisionalmente respecto a 15 de los 16 denunciados, pero la deja abierta aún respecto al alcalde, ya que, según la juez, éste ha pedido declarar sobre los hechos que le atribuye la fiscalía.

El alcalde será interrogado el próximo día 29. Lo pidió él para aclarar la imputación que le hace la fiscalía respecto a que supuestamente tomó decisiones urbanísticas que beneficiaron a un amigo suyo.

La resolución del juzgado de Parla, que acaba de redactarse puesto que aún ayer no había sido comunicada a la fiscalía, sobresee la causa al entender que, "de lo actuado no cabe deducir imputación de hechos punibles concretos respecto de ninguno de los denunciados". De esta apreciación se deduce que lo previsible es que, una vez que declare el alcalde, la misma también sea archivada. El sobreseimiento parcial del caso se produce después de que el juez pidiese al fiscal que le concretase los hechos que atribuye a los denunciados y de que éste le enviase un informe reiterando los hechos que ya constan en la denuncia (ver EL PAÍS de ayer).

Fuentes de la fiscalía indicaron ayer que, una vez que reciban y estudien el auto de sobreseimiento del juez, lo recurrirán ante la Audiencia de Madrid. Estos medios mostraron "su extrañeza" por la resolución judicial, "habida cuenta de que en la denuncia", dijeron, "se enumera que la mayoría de las direcciones de obras del municipio han sido adjudicadas a una misma persona y que el beneficiario de las mismas, a su vez, benefició a una sociedad inscrita a nombre de dos hermanos del regidor".

Hechos delictivos

En el auto de archivo, el juzgado de Parla hace mención al informe que le ha remitido el fiscal y en el que éste concreta e imputa tres hechos delictivos a los denunciados -entre ellos, al alcalde-. En concreto, atribuye los delitos de tráfico de influencias, prevaricación y cohecho.

El auto indica que "el fiscal no ha cumplido con la solicitud que se le hizo respecto de tal concreción, sino que se limita a copiar y pegar su denuncia [inicial], que tiene un contenido impreciso y carente de base probatoria concreta". "Si no lo concreta", señala el juez, "no cabe entender otra explicación que al ministerio fiscal tampoco le es posible determinar hechos concretos respecto de cada denunciado que pudieran constituir infracción penal". "Resulta inverosímil", señala el juez , "que el 90% del monto total del gasto en contratación efectuada haya sido irregular y que no haya existido ninguna reclamación respecto de la misma en vía administrativa ni que la intervención o secretaría del Ayuntamiento lo hubiera consentido, los cuales no han sido denunciados".

El secretario general de la Federación Socialista Madrileña (FSM) y portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Rafael Simancas, aseguró ayer al respecto: "No hay una sintonía clara entre lo dictado por el juez y la interpretación que hace el fiscal de los hechos".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 1 de junio de 2004