50 vecinos de Princesa piden amparo al alcalde para evitar su desahucio

Medio centenar de inquilinos de la plaza de los Cubos (Moncloa) han escrito al alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, pidiéndole ayuda para no ser desahuciados de sus viviendas tras una operación entre inmobiliarias que ellos tachan de "pelotazo urbanístico". En 2003, los pisos en los que viven de alquiler fueron vendidos a una empresa sin respetar su derecho a comprarlos ellos primero. Los inquilinos han ido a juicio, pero, mientras, sus contratos de alquiler han vencido y ahora temen el desahucio.

Los vecinos que han pedido una entrevista con Ruiz-Gallardón habitan, en régimen de alquiler, 53 de los 414 apartamentos del imponente edificio de 17 plantas y fachadas blancas que ocupa gran parte de la plaza de los Cubos, en los números 3, 3 duplicado y 5 de la calle de la Princesa. Ese bloque -cuyos bajos están ocupados por cines, restaurantes y locales comerciales- era propiedad de Testa Inmuebles en Renta, del grupo Vallehermoso, hasta que éste lo vendió, en enero de 2003, a la inmobiliaria Restbuild, del Grupo Restaura.

Restbuild pagó menos de 2.000 euros por metro cuadrado; poco después puso a reventa los apartamentos que acababa de comprar, y en julio de 2003 cobraba ya el doble, según pudo comprobar este periódico: hasta 4.000 euros por metro cuadrado. "Es nuestro legítimo derecho", explicó en aquel momento Javier González, director general del Grupo Restaura. "Los precios los marca el mercado".

Hasta aquí, un ejemplo más de la revalorización del precio de la vivienda fruto de la compraventa especulativa de inmuebles. El problema añadido es que en aquella operación, según denuncian los vecinos, no se respetó su derecho de retracto, esto es, el derecho preferente que tiene el inquilino a comprar el piso que habita antes de que éste sea vendido a un tercero.

La Ley de Arrendamientos Urbanos consagra ese derecho, pero con una excepción: "Cuando la vivienda arrendada se venda conjuntamente con las restantes viviendas o locales propiedad del arrendador que formen parte de un mismo inmueble". Es decir, si el dueño vende el edificio entero, los inquilinos pierden su derecho de retracto. Y ahí llega lo que los abogados de los vecinos han calificado de "argucia legal": como Vallehermoso no quería vender el edificio entero, sino sólo los apartamentos -sin los locales de los bajos-, lo que hizo fue dividir jurídicamente el inmueble en varias "fincas registrales independientes": una para los pisos, otra para los locales, una más para los sótanos... Así, lo que Restbuild compró era, jurídicamente, una "finca registral" íntegra, y de esa manera pudo saltarse el derecho de retracto de los vecinos.

Esa operación es legal, pero los abogados de los 59 inquilinos que fueron a juicio -ahora sólo quedan 53; el resto llegó a un acuerdo con Restbuild- aseguran que se trata de un "fraude de ley", porque vender sólo las plantas de apartamentos de un edificio, sin sus bajos, es como vender una casa sin cimientos. "Esto es una operación especulativa de libro, y por estas actuaciones, entre otras cosas, sube el precio de la vivienda como sube", afirma Julián Chamorro, del despacho Chamorro y Molins, que representa a estos vecinos.

Una juez admitió a trámite, en julio de 2003, la demanda de retracto presentada por los inquilinos, y el juicio está ya visto para sentencia. Pero, en este tiempo, los contratos de alquiler de muchos de ellos han vencido, y Restbuild, según afirma Chamorro, ha pedido el desahucio de una decena de inquilinos y ha logrado una sentencia favorable en cinco o seis casos.

La primera familia, de cuatro miembros, tiene fijada la fecha de desahucio para el próximo 25 de junio. Otros vecinos han tenido más suerte: el juez que les ha tocado ha decidido que no se puede ejecutar el desahucio mientras no se conozca la sentencia del juicio por retracto.

Este periódico intentó, sin éxito, recabar la versión de Restbuild sobre los desahucios. En julio de 2003, el director general de la empresa, Javier González, afirmó que la compraventa de los apartamentos fue "totalmente legal" y "así aparece en el Registro de la Propiedad". Además, afirmó que la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos garantiza el derecho de retracto sólo a los inquilinos con rentas más antiguas, "una minoría".