Pla acusa a Blasco de abrir espacios a la especulación y al negocio en L'Albufera
El dirigente del PSPV aboga por rebajar al 3% el listón electoral
"Es el atentado más grave que se ha cometido sobre el parque y su entorno", declaró ayer el líder del PSPV, Joan Ignasi Pla, del decreto y el Plan de Usos elaborado por el Consell y que regulará el parque natural de L'Albufera. Pla, que se entrevistó con el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Francisco Caamaño, abogó por que el Estatuto de Autonomía se reforme esta legislatura y por la rebaja al 3% del techo electoral.
El dirigente socialista no se anduvo con tibiezas y comparó los proyectos de decreto y del Plan de Usos (PRUG) de L'Albufera, elaborados por la Consejería de Territorio, con la actuación urbanística que en los años setenta, con el franquismo todavía en vigor, permitió la urbanización y la construcción de dos torres en el paraje valenciano de El Saler. "Es el atentado más grave que se ha cometido contra el parque y su entorno" desde entonces, subrayó Pla.
El secretario general de los socialistas valencianos respondía así a la presentación y discusión ayer en la Junta Rectora del parque natural de estos dos proyectos normativos que el titular de Territorio, Rafael Blasco, describió como "un avance en la protección del parque" y una garantía contra la especulación.
Pla insistió en que los planes de la Consejería de Territorio no se hacen para proteger esta zona, como asegura Blasco, sino para abrir "espacios a la especulación y al negocio urbanístico". No es posible, en palabras del dirigente socialista, que Blasco y el presidente Francisco Camps vendan "sus grandes dotes conservacionistas" y "una imagen de hombres preocupados por el medio ambiente" y por otro lado alienten la construcción "en uno de los espacios más queridos y apreciados por los valencianos".
El líder de los socialistas valencianos compareció ante los medios de comunicación para dar cuenta de su entrevista con el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Francisco Caamaño, profesor hasta hace unas semanas en la Facultad de Derecho de Valencia. Caamaño reiteró la voluntad del Gobierno de reformar los estatutos de autonomía dentro del marco de la Constitución para consolidar los derechos y competencias adquiridos en estos años. El secretario de Estado defendió que deben de ser los parlamentos autonómicos los que decidan "cuál es el perfil estatutario que quieren, así como el alcance de la reforma". "Si reconocemos de verdad que España la forman regiones y nacionalidades, y se tienen en cuenta estas identidades, habrá que respetar también las decisiones que democráticamente se tomen en sus parlamento", manifestó Caamaño. En este contexto situó el secretario de Estado la posibilidad de las Cortes Valencianas apuesten por que el presidente de la Generalitat tenga capacidad para disolver anticipadamente la cámara autonómica y la reducción del listón electoral del 5% actual al 3% para obtener representación parlamentaria, una acción que facilitaría el acceso a las Cortes de las fuerzas políticas minoritarias.
Pla se mostró partidario de que la reforma del Estatuto de Autonomía valenciano no se retrase y se concrete esta misma legislatura, a la vez que se mostró a favor de que se reduzca el listón electoral al 3%. Pla recordó que esta rebaja no está específicamente recogida en la propuesta de reforma de Estatuto presentada por el PSPV en El Puig en octubre de 2003, pero sí se recogió en el pacto de los partidos de izquierda progresistas.
Pla reconoció la voluntad de reforma del PP, así como la posibilidad de acuerdo que ha manifestado el presidente de la Generalitat y confió en que se llegue a un amplio consenso. No obstante, el dirigente socialista advirtió que ya en el pasado Camps había dado su refrendo a la reforma estatutaria mientras Mariano Rajoy echaba el freno a la iniciativa. "Desconocemos la postura del PP con respecto a la reforma"
Campañas institucionales
El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes anunció, por otro lado,
la preparación de una ley sobre campañas institucionales, complementando a las legislaciones autonómicas, que establezca las diferencias con la propaganda "progubernamental". Caamaño anunció la preparación de esta ley cuando el Consell acaba de poner en marcha una campaña publicitaria en las emisoras de radio donde arremete contra el gobierno de Rodríguez Zapatero por la derogación del trasvase del Ebro, donde, según Pla, se recurre a "la manipulación". El secretario de Estado agregó que en plena precampaña o campaña electoral "no parece de recibo" una acción como la del Consell y precisó que Extremadura, Cataluña y Andalucía ya cuentan con leyes que regulan la publicidad institucional.
El alto cargo del Gobierno agregó que una de las fórmulas posibles es que un consejo formado por los partidos políticos estudie este tipo de iniciativas. "La campaña institucional no pretende vender nada, sólo informar", concluyó Caamaño.
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