Soto critica el retraso y el sobrecoste de siete colegios públicos en Valencia

El Ayuntamiento de Valencia asumió en 1997 en un convenio con la Generalitat la construcción de siete centros escolares en dos años. De momento sólo se han abierto tres de esos colegios, y con importantes sobrecostes, explicó ayer el concejal socialista Juan Soto, quien criticó el retraso y advirtió que se opondrá a la edificación de vivienda social a costa de la recalificación de parcelas de uso escolar. El PP replicó que tres centros están en obras.

La Consejería de Educación es la competente para la construcción de escuelas, pero el Ayuntamiento aceptó en diciembre de 1997 adelantar una inversión de 11,8 millones de euros para siete nuevos colegios en dos años. Sin embargo, más de seis años después, sólo se han abierto los colegios públicos de Serrería, San Isidro y el instituto Serpis, que han costado en total algo más de 13 millones de euros, con importantes desviaciones al alza en relación con el importe previsto en el convenio -hasta el 157% en un caso- y con el de adjudicación del proyecto de obra, resaltó Soto.

Así, los tres centros se adjudicaron por casi 10,6 millones de euros y han alcanzado sobrecostes de hasta un 28%. La edificación de otros dos, el colegio de Patraix y el instituto de Menorca-Avenida de Francia, está avanzada, mientras que las obras para el centro Jerónimo Monsoriu acaban de comenzar. En el caso del colegio Santo Ángel de la Guarda el retraso será aún mayor, ya que depende del convenio suscrito con el Ministerio de Defensa para el desarrollo urbanístico de varios cuarteles ya cerrados.

"El Ayuntamiento ha consumido el presupuesto de siete centros en tres", criticó el concejal socialista. "Las cifras del convenio eran falsas y engañosas", y carecían "del respaldo presupuestario necesario", dijo Soto, quien denunció que el retraso en la apertura de los centros "ha perjudicado a una generación entera de niños" de los barrios afectados, que asisten a clase "en instalaciones deficientes".

El concejal de Educación, Emilio del Toro, del PP, rechazó las críticas socialistas y afirmó que el convenio se limitó a "una estimación" de la inversión en los centros. El concejal restó importancia a los sobrecostes de las obras, al venir "motivados por una reducción sin precedentes de los plazos de ejecución de las obras" en el caso del centro de San Isidro, construido en menos de nueve meses en 2002, o las mejoras en la red informática del instituto de la calle de Serpis. Del Toro resaltó, además, que los colegios pendientes -que ha asumido ya la Generalitat al consumirse el dinero del convenio-, están "muy avanzados" y achacó el retraso principal a la expropiación del suelo, que no estaba a disposición del Ayuntamiento en 1997.

Soto también adelantó que su partido se opondrá a nuevas recalificaciones de suelo reservado a uso escolar aunque sea para destinarlo a vivienda protegida o dotaciones, ya que "la población escolar está repuntando". "La VPO no puede hacerse a costa ni de la huerta ni del suelo escolar", dijo Soto, quien recordó que en los últimos años 21 parcelas (59.000 metros cuadrados) han dejado de ser escolares para ser ocupadas por iglesias, jardines, instalaciones deportivas, e incluso para fines particulares. Según Soto, queda un centenar de parcelas del plan general para uso escolar (600.000 metros cuadrados) y en el caso de que no cumplan la superficie mínima exigida para albergar colegios, deben destinarse "a una red de escuelas infantiles".

Replicó a esta cuestión el concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, quien destacó que las recalificaciones se realizan de acuerdo con Educación y con la LOGSE, por lo que las parcelas de dimensiones no adecuadas se usarán "para facilitar el acceso a una vivienda digna".